Apartamentos turísticos. Foto: KIKE TABERNERMURCIA (EFE). La proliferación de alquileres turísticos, de temporada o de habitaciones para burlar la Ley de Vivienda, muchos fraudulentos, ha contraído el parque tradicional de vivienda residencial y acentuado la presión sobre los precios, obligando a las administraciones a reflexionar sobre cómo regularlos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es partidaria de limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas respetando las competencias autonómicas y quiere reunirse con las Comunidades Autónomas junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para abordar esta cuestión que está tensionando el mercado residencial y el acceso a la vivienda.
Aunque reconoce que el auge del alquiler vacacional y de temporada están reduciendo la oferta de uso residencial en las grandes ciudades y áreas turísticas, el Banco de España pide que no se apliquen limitaciones sin tener en cuenta sus efectos sobre la actividad económica. La entidad cifra en 600.000 el déficit de nueva vivienda hasta 2027 para atender la demanda que se espera.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo del pasado año, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula que alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones podía haberle restado al tradicional más de un 25 % de su oferta.
Por su parte, Exceltur alerta del crecimiento desbocado de las viviendas turísticas en el arranque del año, con un aumento de 60.000 plazas (25,2 %) en las 25 principales ciudades, hasta alcanzar las 285.266. La asociación empresarial sitúa a la cabeza a Madrid y Barcelona, con 59.111 (29,8 %) y 41.681 (11,8 %), seguidas de Málaga, con 32.468 (+29,9 %).
Los hoteleros también piden una ley estatal que controle el crecimiento desbocado de los pisos turísticos. Con una oferta en mínimos, incapaz de satisfacer la oferta, la vivienda en alquiler se encareció un 7 % a cierre del primer trimestre y volvió a máximos con 12,36 euros/m2 al mes, de acuerdo con Fotocasa.
Por ello, son muchas las administraciones que están tomando medidas. Esta misma semana el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que suspenderá el otorgamiento de nuevas licencias para viviendas turísticas y multiplicará las sanciones a los alojamiento ilegales hasta que apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).
Hasta entonces, reforzará las inspecciones y publicará las direcciones de las viviendas turísticas legales. En Madrid operan 14.699 establecimientos turísticos, de los que el 92 % son viviendas de uso turístico, pero sólo 941 funcionan con licencia municipal.
En Canarias, el descontento con los excesos del turismo derivó el pasado día 20 en una manifestación demandando otro modelo ante la escalada de los precios de los alquileres o la saturación de las carreteras y de los espacios naturales. Los organizadores reclaman una moratoria que suspenda la autorización de nuevas plazas hoteleras y pisos vacacionales, una ecotasa y la regulación de la compra de vivienda por parte de extranjeros.
Sevilla quiere ser la primera ciudad andaluza que limite las viviendas de uso turístico gracias al decreto de la Junta que regula los apartamentos turísticos y da potestad a los ayuntamientos para su limitación. Pese al incremento que detecta Exceltur en Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, cree que Andalucía está lejos de un problema de sobresaturación turística.
En Barcelona desde 2012 hay una tasa turística y un límite a la apertura de nuevos hoteles en el centro y varias zonas de la ciudad, aunque el nuevo ayuntamiento (PSOE) se ha abierto a permitir algunos singulares. La ciudad tiene congeladas las licencias para pisos turísticos desde 2014.
En Baleares hay una moratoria desde la pasada legislatura (con gobierno liderado por el PSOE) que impide ampliar las plazas turísticas pero el actual gobierno (PP) ha anunciado que la derogará. También Cantabria trabaja en un decreto para regular las viviendas de uso turístico, entre otros ejemplos.
El alquiler de temporada se ha disparado un 58 % en el último trimestre hasta suponer el 11 %, mientras que la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15 %, según Idealista, que lo vincula a las actuales políticas.
El portal detecta fuertes incrementos en Málaga (123 %), Valencia (99 %), Alicante (85 %), Sevilla (83 %), Palma (70 %) y Bilbao (62 %). En Madrid creció un 58 %, un 53 % en Barcelona y un 47 % en San Sebastián.
Muchos agentes del sector, como Alquiler Seguro, demandan que la LAU desarrolle el alquiler de temporada para determinar la duración y el motivo de temporalidad a fin de evitar un uso fraudulento, que según la Agencia Negociadora responde al fuerte intervencionismo que sufre el tradicional.
Esta semana el gobierno catalán aprobó un decreto ley de urgencia para regular los alquileres de temporada y evitar que los propietarios busquen esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas. Contempla multas de entre 3.000 y 90.000 euros para los propietarios que lo incumplan.
En el marco de grupo de trabajo creado "ad hoc", el Ministerio de Vivienda va a convocar una nueva reunión para abordar las conclusiones y salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son.
