MURCIA (EP). El consejero de Educación, Víctor Marín, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de que su departamento prohibirá al alumnado utilizar el teléfono móvil y los dispositivos electrónicos en centros educativos, salvo que el profesorado lo demande para realizar alguna actividad educativa. La medida entrará en vigor a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el día 8 de enero.

Esta medida, que ya está implantada en la mayoría de los centros educativos de la Región, supone un respaldo normativo, refuerza la autonomía pedagógica de los centros y la figura de autoridad del docente, según ha informado el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero ha mantenido reuniones con más de 30 representantes de la comunidad educativa, como directores de centros educativos, docentes, familias, alumnos, técnicos especialistas en convivencia escolar y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el fin de conocer su postura ante el uso de dispositivos móviles en los centros y como paso previo a la constitución del grupo de trabajo de expertos, que mantendrá su primera reunión en enero.

Tras estos encuentros se ha obtenido el consenso suficiente para establecer la prohibición del uso del teléfono móvil y dispositivos electrónicos en los centros educativos, con el objetivo compartido de enseñar a niños y jóvenes a utilizar la tecnología de modo responsable.

La prohibición se llevará a cabo en todas las etapas educativas, incluido Bachillerato y Formación Profesional, porque se ha constatado, según el último informe del Observatorio para la Convivencia Escolar, que el porcentaje de faltas de alumnos vinculadas al uso del móvil se incrementa en estas etapas. Además, los móviles tendrán que estar inactivos.

No estará permitido el uso del móvil y dispositivos durante el horario lectivo, el recreo y los periodos dedicados a actividades complementarias o extraescolares, salvo que esté previsto en el proyecto educativo o se realice con fines didácticos. Excepcionalmente, se permitirá el uso de estos dispositivos a alumnos que lo requieran por razones de necesidad y salud.

Ortuño ha explicado que esta medida también afecta a los adultos que estudian, por ejemplo, Formación Profesional a pesar de tener más de 18 años. Sí están excluidos los docentes de la prohibición.

En cuanto a las sanciones, Ortuño ha confirmado que es algo que ya viene establecido en un decreto del año 2016 y que fija las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios. En este documento se establecen las sanciones leves, graves o muy graves en función del uso indebido que se haga del móvil, y las sanciones van desde una amonestación hasta la posible expulsión de centro.

Decisión consensuada

El grupo de trabajo tiene como objetivo realizar recomendaciones, reglamentación y normativa consensuada en torno al uso seguro y responsable de dispositivos y aplicaciones digitales en el ámbito educativo. Es importante que todas las decisiones que se adopten sobre este tema estén consensuadas y basadas en criterios técnicos, pedagógicos, psicológicos y legales.

El grupo de expertos analizará el uso pedagógico de los medios digitales como sustitución del libro de texto, según la edad y etapas educativas, así como su relación con el éxito educativo; y tratará también la seguridad y privacidad de los datos de los alumnos, la creación de un listado de software y aplicaciones que garanticen la seguridad digital, inteligencia artificial, ética digital, ciberacoso, salud mental, influencia del uso de los dispositivos en el rendimiento escolar, mecanismos de comunicación entre miembros de la comunidad educativa, derecho a la desconexión digital, formación del profesorado, alumnos y familias en competencias digitales, y problemas de salud relacionados con el uso de dispositivos y relaciones sociales.

La utilización del dispositivo móvil en las aulas ya es una falta que está tipificada como leve, grave o muy grave, y recogida en el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, que establece las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma.