MURCIA (EFE). Evitar que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase del Tajo al Segura, revertir los recortes "políticos" del mismo y evitar que se reduzca el volumen autorizado de uso de aguas subterráneas serán los principales caballos de batalla del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), con los que coincide plenamente el Gobierno regional.
Así lo han trasladado a los periodistas la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, que se han reunido este miércoles para analizar los retos y desafíos a los que se enfrentarán los regantes en el año que comienza.
Con la vista puesta en 2027, cuando concluirá el actual ciclo de planificación hidrológica y podrán plantearse nuevos escenarios para el trasvase, ha subrayado Jiménez, uno de los retos será el de evitar un recorte en el uso de las aguas subterráneas.
Jiménez ha apuntado que el Plan de Cuenca del Segura contempla un recorte del uso de las aguas subterráneas de 213 hectómetros cúbicos, lo que supone casi la mitad del volumen de esas aguas que se emplean actualmente en la agricultura.
Ello unido a los 105 hectómetros cúbicos recortados del trasvase, ha subrayado, supone reducir en 318 hectómetros cúbicos el agua de riego, lo que equivale a un 35 por ciento del agua que se emplea en la cuenca.
Para suplir esos recortes, el Gobierno central ha previsto generar 38 hectómetros cúbicos adiciones de agua desalada, por los que para Jiménez no se está planteando "una transición ecológica justa", porque no responde a las necesidades del sector.
Por ello, ha exigido una moratoria en las restricciones al agua subterránea en tanto que no haya una verdadera solución al déficit hídrico, y ha insistido en que la desalación no cuenta aún con las infraestructuras necesarias para hacer las aportaciones previstas.
Jiménez ha insistido también en la necesidad de evitar la revisión a la baja de las reglas de explotación del Trasvase que, en su opinión, deben mantenerse como hasta ahora y sin cambios.
Las reglas actuales, ha subrayado, han permitido tener en la actualidad unas reservas de 1.100 hectómetros cúbicos en los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía), mantener los caudales ecológicos y suministrar riego a la cuenca tanto del Tajo como del Segura, por lo que en su opinión, "es innecesario que se modifiquen las reglas".
En la misma línea, la consejera ha subrayado que los planes de cuenca legitiman la posibilidad de revisar esas reglas, pero no obligan a cambiarlas, y ha insistido que en el momento actual, en el que el país cuenta con agua suficiente aunque "muy mal repartida", esas reglas "no se deben tocar".
Por otra parte, Rubira ha apelado a la nueva ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, lleve a cabo un "cambio de rumbo" en las políticas hídricas con respecto a su antecesora, Teresa Ribera, que pase por la “solidaridad que necesitan los regantes”.
En ese sentido, ha lamentado que durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio, Ribera recortó los envíos de agua del Tajo al Segura en un total de 26 ocasiones "imponiendo su palabra a las decisiones técnicas de la Comisión de Explotación" del acueducto, lo que puso la merma de 188,9 hectómetros cúbicos a los regantes del Segura.
A ese respecto, el presidente del SCRATS ha pedido al Gobierno central que "trabaje en retrotraer ese recorte político" llevado a cabo por Ribera "para acabar con las expectativas del trasvase" en lugar de trabajar en escenarios de modificación de la legislación en materia hídrica.
Jiménez ha insistido en que la frágil situación de la cuenca, que ha llegado a estar en una reservas de solo 44 hectómetros cúbicos, de los que 40 son "embalse muerto, lodo", sumado a la posible desaparición de recursos de las aguas subterráneas, la falta de obras de conexión para las desaladoras y los recortes al trasvase, las consecuencias económicas podrán ser "brutales" para la cuenca, porque "habrá agitación social" y manifestaciones en los próximos meses.