MURCIA. Los juzgados de todo el país han iniciado este martes su particular ‘desescalada’ con la incorporación de entre el 30 y el 40 % de las plantillas, aunque la actividad sigue en mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo.
Entre críticas de los sindicatos, que reclaman más medidas de seguridad y la realización de test a todos los funcionarios, el calendario diseñado por el Ministerio de Justicia en coordinación con las comunidades autónomas con competencias marca una semana para esta primera fase.
La próxima semana acudiría a trabajar entre el 60 y el 70% del personal y, si se cumplen los plazos, la tercera fase, con el 100 % de la plantilla, comenzará el 26 de mayo, fecha para la que se activarían los plazos procesales suspendidos por el coronavirus.
Se podrán retomar entonces las vistas aplazadas y activar los numerosos casos que se han ido registrando y que, advierten muchos operadores, pueden llegar a colapsar juzgados de lo social, de lo mercantil y de lo contencioso ante el previsible aluvión de procesos por despidos, ERTE, concursos, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento.
Consejerías de Justicia como la de Madrid han destacado las medidas de seguridad adoptadas en los juzgados para garantizar las distancias y la higiene.
En los principales órganos judiciales de la capital, apuntan fuentes consultadas por Efe, se ha notado más movimiento que hace una semana. No hay controles de temperatura, ni se exige mascarillas pero sí mantener la distancia de seguridad en entradas, salidas y pasillos.
La reincorporación de las plantillas en las actuales condiciones cuenta con la oposición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector, que ha pedido al Ministerio de Sanidad que se pronuncie porque no ve compatible, por ejemplo, que se reanude el trabajo en territorios que siguen en la fase 0 de la desescalada, como Madrid.
Mientras, desde algunos tribunales superiores de justicia, como el de Castilla y León o el de Galicia, se ha pedido el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales cuanto antes para que el plan de reactivación de los juzgados sea efectivo, pero, en principio, todos seguirán centrados en la tramitación de los denominados asuntos esenciales hasta el 24 de mayo.
Así lo ha determinado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer recomendó a los jueces que limiten en lo posible las vistas y los juicios en los días de agosto que han sido declarados hábiles como medida extraordinaria -del 11 a 31- y que concentren sus vacaciones en ese mes, como hacían antes, para intensificar las comparecencias en julio y septiembre.
Abogados y procuradores se atribuyen en parte el éxito en el viraje del CGPJ sobre los criterios generales a seguir en agosto y sus respectivos consejos celebran que se hayan escuchado sus reivindicaciones, ya que fueron los más críticos con esa medida incluida en el real decreto aprobado por el Gobierno para intentar evitar el colapso de los órganos judiciales.
Mañana llega al Congreso para ser convalidado y el debate se augura bronco. Aunque el Ministerio de Justicia asegura que lo consensuó con todas las comunidades, el PP ya ha anunciado que no va a apoyarlo y formaciones como ERC tampoco han ahorrado críticas al proyecto.
Todos coinciden en la necesidad de tomar medidas para afrontar la avalancha de asuntos que esperan unos juzgados que en muchos casos ya esta estaban saturados ante de la pandemia, pero las principales fuerzas políticas, así como las asociaciones de jueces, advierten al Ministerio de que sin más recursos e inversiones los proyectos no resultarán eficaces.
El ministerio de Consumo ha dado ya un ejemplo de lo que puede avecinarse: trabaja en un mecanismo extrajudicial para evitar que la "avalancha" de reclamaciones a las aerolíneas registradas por los consumidores -700.000 en el sector transportes- acaben en los juzgados.