Foto: CARLOS LUJÁN/EPMADRID (EP). El Libro Blanco para la reforma del sistema tributario elaborado por el Comité de Expertos plantea algunas recomendaciones en materia de IVA, como reducir parte de sus beneficios fiscales, y propone también introducir nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores de 18 años o para salarios bajos, al tiempo que también apuesta por "ajustes" en la tarifa de este impuesto.
Así lo ha trasladado el presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruiz-Huerta, en rueda de prensa, donde ha dejado claro que el documento "no es una reforma fiscal", sino un conjunto de propuestas y sugerencias para que posteriormente el Gobierno pueda acometer dicha reforma, pero de "manera gradual" y con una "programación razonada" a lo largo del tiempo. "Una reforma como la que proponemos exige plazos largos", reiteró.
En materia de IVA, Ruiz-Huerta explicó que España recauda menos en este impuesto que la media de la UE (su tipo implícito solo es superior al de Rumanía e Italia) y, por tanto, plantea reducir los beneficios fiscales en este tributo, que son "muy elevados".
Así, propuso un proceso de "revisión y reducción" de los tipos reducidos y superrreducidos, pero en la medida en que estas decisiones pueden afectar a artículos de primera necesidad, los expertos plantean establecer compensaciones para las rentas más bajas. "Pero no para hacerlo hoy bajo ningún concepto, porque es absolutamente inviable", aclaró.
En el IRPF, el documento propone la aprobación de una deducción o prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años para reducir la pobreza infantil, al tiempo que se proponen "ajustes" en la tarifa del IRPF. También se apuesta por generalizar la estimación directa, lo que implica acabar con la tributación por módulos.
Con todo, los expertos recomiendan al Ejecutivo consolidar la recuperación económica antes de poner en marcha las reforma en un contexto marcado por la crisis de la Covid-19 y del conflicto en Ucrania y le han instado a una aplicación "gradual", a través de una "razonada" programación.
Así, los expertos han advertido de que la invasión de Ucrania y la crisis de la covid-19 es un "hándicap" para la posible recuperación y eso afecta en términos tributarios. "Es más difícil aplicar reformas en un contexto como el que se vive", ha alertado.
Además, han recomendado a prestar atención al vector territorial, teniendo en cuenta la integración de España en el marco internacional, así como la importancia de la descentralización del Estado español.
El presidente del Comité ha querido dejar claro que éste es un informe técnico y que los expertos no son "responsables" de poner en marcha una reforma fiscal. "Nosotros no hacemos una reforma fiscal, sino invitamos a estudiar los elementos que nos parecen importantes", ha remarcado.
Los expertos abogan también por mantener el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones y establecer un límite mínimo para ambos tributos, ante el actual problema de competencia a la baja entre comunidades autónomas.
En este sentido, Ruiz-Huerta ha explicado que, en la medida que las comunidades autónomas tienen un problema de competencia a la baja, los expertos entienden que hay que evitar el "vaciamiento" y la "desaparición" de estos impuestos, por lo que han recomendado al Gobierno estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo, al tiempo que se mantiene la autonomía y la competencia normativa.
En el último capítulo del Libro Blanco se analizan los principales impuestos patrimoniales, así como la conveniencia y necesidad de ordenar el ejercicio de determinadas competencias relativas a los impuestos personales sobre la riqueza, cuya regulación ha sido en parte cedida a las comunidades autónomas de régimen común y se proponen posibles reformas en este ámbito.
En relación con los fundamentos económicos y jurídicos de estos impuestos, los expertos han recordado que en España, al igual que en otros países del entorno, la desigualdad de riqueza es más amplia que la de la renta. Además, han apuntado que la brecha entre los extremos se ha hecho más profunda desde los años de la crisis financiera, de manera que una proporción relevante y creciente de la riqueza se concentra en especial en la parte más alta de la distribución.
Entrando en detalle, sobre el Impuesto de Patrimonio, el comité recomienda su mantenimiento. Además se propone el mantenimiento del límite conjunto IRPF-Impuesto de Patrimonio, con una posible elevación del impuesto mínimo a pagar. En cuanto al mínimo exento, se considera conveniente establecerlo en un millón de euros, para procurar concentrar la tributación en la parte alta de la distribución de la riqueza. Por último, el comité aboga por una reducción de la tarifa, manteniendo en todo caso su carácter progresivo.
En lo que se refiere a la necesaria reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, entre otras propuestas para ampliar la base imponible, el comité propone mantener la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, aunque, al igual que sucede con la exención del patrimonio empresarial y profesional en el impuesto de patrimonio, urge a evaluar periódicamente la efectividad de este beneficio fiscal.
Además el comité aconseja revisar la regulación de los requisitos exigidos para su aplicación, en particular, el establecimiento de un importe máximo de base imponible que pudiera beneficiarse de esta reducción. Y en la misma línea que en el impuesto de patrimonio, el comité propone un mínimo exento alto y una escala de gravamen moderada para los grupos I y II de parentesco.
Con todo, el comité sugiere al Gobierno que la reforma de estos impuestos a la riqueza ha de acompañarse necesariamente de una diferente delimitación de la capacidad normativa de las comunidades de régimen común para asegurar el fortalecimiento de sus ingresos tributarios.
El comité se inclina por la conveniencia de avanzar hacia una concentración de las competencias normativas de las comunidades en el ámbito del mínimo exentos, las escalas de gravamen y posibles deducciones o bonificaciones de la cuota. Así, se mantendría la coordinación en todo el territorio de las bases imponibles y liquidables y se aseguraría una cuantía mínima de gravamen efectivo.
