MURCIA. Los ciudadanos de la Región de Murcia empadronados en alguno de los 45 municipios ya no tendrán que solicitar el certificado de empadronamiento para realizar gestiones con la Comunidad.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública ha elaborado un convenio de colaboración tipo, que suscribirá con todos los ayuntamientos y que permitirá la cesión de la información relativa al padrón municipal de habitantes. Así, se evitará que los ciudadanos tengan que solicitarlo primero y presentarlo después en otra oficina.
Según precisó el consejero Antonio Sánchez Lorente, esta nueva iniciativa supone "un paso más dentro de los enormes avances que se han hecho en materia de simplificación administrativa y de disminución de cargas administrativas para los ciudadanos".
Lorente ha hecho hincapié en que "esta acción se incluye como un objetivo en la Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2023 y evitará gastos, pérdida de tiempo y desplazamientos innecesarios a los ciudadanos, agilizando también la gestión".
Será la propia Administración regional la que, de forma electrónica, obtenga directamente los datos del ayuntamiento correspondiente, siempre que no haya oposición por parte del interesado. Esta medida implica a un gran número de procedimientos administrativos que solicitan el dato de residencia, como son ayudas, subvenciones o la solicitud de plazas escolares.
De este modo, "se da un paso más en la consolidación del derecho de los ciudadanos, recogido en la ley, a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración. Ello siempre con el pleno respeto a la protección de datos personales, puesto que el acceso a la información sólo podrá producirse cuando el dato resulte necesario o pertinente en la tramitación de un procedimiento administrativo concreto".
Este convenio tipo es el primer paso en la senda de la colaboración entre administraciones públicas, pues se prevé la posibilidad de ampliarlo en el futuro a la cesión de otras informaciones necesarias para la tramitación de procedimientos que sean competencia tanto de la Administración regional como de los ayuntamientos.
