Los docentes demandan a la Consejería de Educación por la falta de seguridad en las aulas

MURCIA (EFE/M.A.). La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) llevará a los tribunales a la Consejería de Educación al entender que las medidas anunciadas por Esperanza Moreno para el inicio de curso "no ofrecen las mínimas garantías de seguridad sanitaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus".

La secretaria de la asociación, Sara Henarejos, explica que las medidas de prevención planteadas por la Consejería de Educación no garantizan la seguridad de los alumnos ni de los profesionales en los centros educativos. Por ello, la asociación demanda ante los tribunales, la adopción urgente de medidas cautelares que garanticen una segura vueltas a los centros.

Henarejos ha criticado a la titular de Educación, Esperanza Moreno, por "ignorar" las peticiones de contratar más profesorado y habilitar espacios para bajar las ratios y cumplir las distancias de seguridad, por lo que ha omitido los derechos a la seguridad de docentes, alumnos y trabajadores de los centros educativos.

La demanda estipula que la consejería ha incurrido en una vulneración de derechos fundamentales por falta de prevención de riesgos laborales, debido a que no ha realizado una evaluación previa de los riesgos de los puestos de trabajo estando en una crisis sanitaria y una pandemia, además de los derechos en los artículos 16.2 y 25.1 de la Ley de Prevención Laboral y de las directrices de las autoridades sanitarias.

Las medidas cautelares solicitadas son garantizar que en las aulas se cumple con la distancia de seguridad, un informe de riesgos laborales sobre el riesgo de cada puesto y la entrega de equipos de protección individual certificados por riesgos laborales y adaptados al puesto de trabajo.

La petición de que se realicen estas medidas se manera urgente se debe a que los profesores deben incorporarse a sus puestos de trabajo el 1 de septiembre sin tener garantizada su seguridad.

Así, Henarejos ha hecho eco del descontento de gran parte de la comunidad educativa con la Consejera de Educación, y ha lamentado que sean los docentes los que tengan que exigir en los tribunales lo que la Consejería de Educación debería garantizar.