MURCIA. Los concursos de personas físicas crecieron un 31,4% en el tercer trimestre por la crisis económica causada por la covid-19, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
Y es que, después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020, en el tercer trimestre del año se aprecian la reactivación de la actividad y los efectos de la crisis económica provocada por la covid-19.
Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' hecha pública este jueves por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, uno de los procedimientos que se vieron más afectados fueron los concursos.
En concreto, en el tercer trimestre del año, sumando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, se alcanzó la cifra de 89, de los que 67 correspondieron a personas físicas no empresarios, lo que supone un incremento del 31,4% respecto al mismo trimestre de 2019.
En los Juzgados de lo Mercantil se presentaron 11 concursos, un 53,2% menos que en el tercer trimestre de 2019. Cabe recordar que el pasado 28 de abril se aprobó un Real Decreto, para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en esta jurisdicción, estableció una moratoria para que las empresas insolventes declaren concursos de acreedores, suspendiendo el deber de solicitarlo.
Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 3 expedientes, que se suman a los 7 presentados en el primer semestre; uno más que en los tres primeros trimestres de 2019.
Como consecuencia de las moratorias establecidas primero en el Real Decreto-Ley 16/2020 y, posteriormente, en la Ley 3/2020, de medidas procesales y administrativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en los Juzgados de lo Mercantil no se admitió en el periodo analizado ningún concurso consecutivo.
En el tercer trimestre de 2020, también aumentaron significativamente las demandas por despido. Se presentaron un total de 1.103, un 32,1 % más que en igual trimestre de 2019. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social ascendió a 597, cifra similar a la del mismo periodo del año anterior.
En el tercer trimestre de 2020 se presentaron en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 5.876 procedimientos monitorios, lo que supone un descenso interanual del 5,3%.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Destaca en el tercer trimestre de 2020 en la Región, más acusado que a nivel nacional, el incremento de los procedimientos de ejecución hipotecaria. En total se presentaron 340 ejecuciones hipotecarias, prácticamente el doble que en el mimo periodo del año anterior (52,7% fue el incremento medio que registró el país).
El número global de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2020 ascendió a 7.096, dato que refleja un descenso del 34,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El 40% de los lanzamientos, 121, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 172 (el 56%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 12 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados del impago del alquiler disminuyeron un 39,5%. La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 22,5% en la Región de Murcia, situándose con 121 y a pesar del descenso registrado, como la cuarta comunidad donde más lanzamientos se instan derivados de ejecuciones hipotecarias, solo por detrás de Valencia (369), Andalucía (342) y Cataluña (195).
En el tercer trimestre de 2020 ingresaron en los juzgados especializados 426 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 786, quedando en tramitación 5.496. Se dictaron 786 sentencias, el 97,9 % de las cuales fueron estimatorias.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el tercer trimestre de 2020 ingresaron 33 y se resolvieron 13. En Andalucía y Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 216, que representan el 22% del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 108, y Castilla la Mancha, con 102.