Los agricultores de la Región solicitan al Ministerio una prórroga del nuevo marco normativo

MURCIA (EP). COAG-IR Murcia ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que impulse una moratoria en los plazos de aplicación de los reales decretos aprobados el pasado diciembre que afectan al sector de la agricultura y la ganadería, al considerar que el nuevo marco normativo es "amplio y exigente" y genera "incertidumbre" entre los profesionales.

Según han informado fuentes de la organización en un comunicado, el pasado 29 de diciembre fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el paquete normativo referente a la aplicación de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), incluyendo todos los aspectos relacionados con la Condicionalidad Reforzada.

Además, el BOE publicó un conjunto de reales decretos, entre ellos el nuevo marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios; normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios y regulación del sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola.

COAG-IR ha señalado que los agricultores y ganaderos de la Región, propietarios, en su mayoría, de explotaciones familiares, encuentran "grandes dificultades para absorber y aplicar con absoluto rigor todo el volumen normativo que se les ha impuesto recientemente, y que se agrega al ya extenso y complejo marco de obligaciones que deben observar y cumplir".

Así, con el fin de "evitar situaciones de desamparo", la organización ha propuesto impulsar a una moratoria que permita "clarificar", por parte del sector, "todas las incertidumbres que sobre su aplicación se plantean" y poner en marcha los mecanismos que posibiliten una "aplicación razonable" de las nuevas exigencias en la gestión de las explotaciones agrarias.

Para el presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, "toda esta normativa va a afectar severamente la forma de gestionar las explotaciones y a las prácticas agrarias que se debe realizar en las mismas, conllevando, además, nuevas exigencias burocráticas en esta gestión y la asunción de nuevos costes que, en muchos casos, pueden llegar a hacer inviable algunas actividades agrarias y a encarecer la producción de alimentos".