LORCA (EFE). El PSOE y Cs, la coalición que gobierna Lorca, y el grupo municipal de IU-V han pactado los contenidos del plan de reactivación social y económica de Lorca tras la crisis del coronavirus, que será debatido y aprobado dada su mayoría en un pleno municipal extraordinario el 5 de mayo. 

El acuerdo con IU-V garantiza que salga adelante por un voto de diferencia en el caso de que los otros partidos en la oposición, el PP y Vox, votaran en contra. Los tres grupos han indicado que el consenso se produce "para conseguir el mayor beneficio para los sectores más perjudicados en esta crisis sanitaria, como el comercio y la hostelería".

Tres bloques

El plan se divide en tres bloques, el primero con medidas de carácter social relacionadas con el fortalecimiento de los servicios sociales y de la oficina de atención ciudadana y la creación de un plan de empleo público local y de iniciativas concretas en el ámbito de la educación, la juventud y el seguimiento de casos de violencia machista.

El documento prevé un órgano de seguimiento de las medidas adoptadas en el que estén representados todos los grupos, técnicos municipales y agentes sociales y económicos de Lorca.

Medidas tributarias

Un segundo bloque incluye medidas tributarias, como la modificación del calendario fiscal y la aplicación de facilidades como fraccionamientos y aplazamientos en el pago de los impuestos y tasas municipales. Además, se bonificará en un 95 por ciento el impuesto de obras, se exime del pago de tasas de basura y abastecimiento de agua durante cuatro meses a comerciantes y hosteleros que se hayan visto obligados a cerrar y se paraliza el pago por terrazas este año.

Como medida de apoyo a autónomos y empresas locales prevé un fondo con ayudas de hasta 500 euros que se hayan visto obligados a cerrar que se destinará a compensar tributos municipales y de hasta 350 euros para los que venden el mercado semanal y las plazas de abastos.

Para reactivar el comercio local, la hostelería, el turismo, la cultura y el ocio se trabajará en estrecha colaboración con los agentes sociales y económicos colectivos implicados, instituciones y administraciones públicas.

Incluye una petición al Gobierno central para que suspenda las reglas fiscales que afectan a los ayuntamientos para que se puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia.

Y otra para el Gobierno regional para que apruebe un decreto de regulación de concesión directa de ayudas urgentes para autónomos y colectivos en riesgo de exclusión social y el refuerzo del sistema de protección de los trabajadores.