Agricultores en una protesta en Santander, esta semana. Foto: EFE/ROMÁN G. AGUILERAMADRID (EFE). El campo español ha logrado, en dos semanas de protestas, numerosas promesas y concesiones del Gobierno que dependen de Bruselas, de donde pueden salir medidas azuzadas por la cercanía de las elecciones y la movilización masiva de los agricultores europeos.
El sector agrario español cumplirá el martes dos semanas de movilizaciones, durante las que el Gobierno ya ha prometido un conjunto de 18 medidas y la Comisión Europea (CE) ha anunciado cesiones, en reacción al arranque de un 2024 en el que el campo de la UE se ha echado a las calles y a las tractoradas.
Muchas de las concesiones que han conseguido los agricultores -y que ven insuficientes- están condicionadas a los resultados del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) que se celebrará el día 26, según explicará el titular del ramo Luis Planas este lunes, en una reunión con los consejeros autonómicos.
Por su parte, la CE ultima nuevas medidas, la presidencia belga de la UE está consultando a los ministros y ya se ha conocido alguna decisión, como la flexibilidad en el barbecho.
Las políticas de la UE son el foco del descontento de los agricultores que bloquean carreteras; estas son las claves de las medidas anunciadas tras sus acciones y de lo que se puede esperar:
Los agricultores y los ganaderos se quejan del infierno burocrático que supone la Política Agraria Común (PAC), pero en la diana están sus exigencias ambientales y, en general, la orientación verde de la UE.
España defenderá varias propuestas de simplificación de las normas sobre las condiciones agrarias y medioambientales de la PAC, tales como la derogación de la rotación de cultivos y la relativa a superficies no productivas en el regadío.
Por su parte, la CE permitirá en la campaña 2024 flexibilizar la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus explotaciones en barbecho.
Esto significa que en vez de tener que dejar yermo el 4 % del terreno cultivable, podrán plantar cultivos fijadores de nitrógeno (lentejas, guisantes o alubias) o en un 7 %, cultivos intermedios -los que crecen entre dos principales y pueden servir como forraje o abono verde-.
Otras concesiones españolas tienen que ver con el cómputo de los años de rotación, el suelo, el abono o un régimen simple para las explotaciones que perciban hasta 5.000 euros.
En cuanto a los ecorregímenes de la PAC -una de sus innovaciones que supone dar un quinto de las ayudas a cambio de beneficios ambientales-, España ha ofrecido ampliar las modalidades teniendo en cuenta las zonas áridas.
En la actual PAC los Gobiernos tienen más poder de decisión, mediante sus planes estratégicos y si los revisan necesitan notificarlo y que Bruselas les de el visto bueno.
Una de las concesiones más concretas al campo es hacer voluntario el cuaderno digital de explotación, que impuso la nueva PAC.
Fue una idea del Gobierno español, pero la CE la ve con muy buenos ojos como herramienta para modernizar la gestión, obtener ventajas digitales y registrar la actividad agraria.
Los precios justos y el reparto de márgenes en la cadena -primario, industria y distribución- constituyen la principal reivindicación del campo; España propondrá a la CE actualizar la directiva sobre prácticas comerciales desleales, una norma menos desarrollada que la Ley de la Cadena española.
Controlar las importaciones es una ambiciosa reivindicación del sector y España se ha comprometido a defender la reciprocidad en el uso de fitosanitarios en la producción de alimentos importados de terceros países; aparte de mejoras en la eficacia aduanera.
La comercial es una de las políticas en las que la UE decide; la CE esgrime que las exigencias sanitarias a las importaciones no se cuestionan.
Entre las demandas del campo figuran las llamadas "cláusulas espejo", que significan igualar los requisitos de los productos internos y de los importados, desde un punto de vista ambiental o ético.
Ya se pueden aplicar si el socio comercial de la UE está de acuerdo y no contravienen las reglas de la Organización Mundial del Comercio; por ejemplo, según el acuerdo con Nueva Zelanda la carne de bovino deberá proceder de pastos, y se prohibieron insecticidas ieonicotinoides por su riesgo para las abejas.
La CE está trabajando en medidas de cara al próximo Consejo, que deberían hacerse públicas esta semana.
El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, lanzó la idea de ayudas nacionales de hasta el 10 % del volumen total de la PAC para compensar la inflación, pero fuentes comunitarias señalaron más tarde que esa idea no está en las medidas.
La CE ha retirado su propuesta de reducción de fitosanitarios; pero el Ejecutivo mantiene el objetivo de su Pacto Verde, que persigue una economía neutra en carbono.
Al respecto, presentará en marzo propuestas de resiliencia sobre cambio climático, en la que se prevén alusiones al agua y a la sequía, en un tiempo de descuento hacia las elecciones a la Eurocámara de junio.
