MURCIA. Tras años de solicitudes para que el puente de Hierro de Murcia tuviese una protección especial, el popularmente conocido como Puente Nuevo, tuvo un amago de la Comunidad hace dos años de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, lo que permitiría mejorar su conservación y mantenimiento. Pero aún no hay ni rastro del nombramiento.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha hecho un requerimiento a la Comunidad autónoma para que inicie la incoación del expediente. En su requerimiento, exige a la Dirección General de Patrimonio Cultural que atienda sin más dilaciones ni retrasos la solicitud en ese sentido efectuada por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) en noviembre de 2020 y sobre la que todavía no se ha recibido respuesta.
La entidad conservacionista ha recordado que el puente, construido por el ingeniero Carlos Orduño entre 1893 y 1901, "constituye un hito urbano para la capital murciana". El Alto Comisionado de las Cortes Generales advierte en su escrito de que "la Ley de Patrimonio Cultural establece que el acuerdo de incoación de un bien de interés cultural, en el caso de que hubiera sido promovido a instancia de parte, deberá ser notificado a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud de iniciación del procedimiento de declaración, transcurrido el cual sin haberse adoptado y notificado este, se considerará acordada la incoación".
El Defensor del Pueblo ya hizo un requerimiento previo a la consejería, que emitió en julio de 2021 un certificado de acto en el que reconocía que la solicitud de declaración BIC del puente “se encontraba admitida e incoada por silencio”.
"Pese a ello y que ha transcurrido año y medio desde que se expidió ese certificado, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la citada incoación del monumento como bien de interés cultural", critica el alto comisionado, que tacha de "excesivas" las demoras que afectan a este caso.
Huermur ha lamentado que no es la primera vez que el Defensor del Pueblo "tiene que venir a enmendar la plana a la Consejería de Cultura y a su Dirección General de Patrimonio Cultural ante el atasco de los expedientes, la falta de diligencia de los responsables de la Dirección General y la consecuente ineficaz protección del patrimonio histórico".
