BRUSELAS. (EFE) La Unión Europea (UE) avanzará esta próxima semana en la aprobación de las leyes que se están negociando en Bruselas para limitar el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas y regular su responsabilidad a la hora de moderar y eliminar el contenido ilegal que aparece en las plataformas.
La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo votará este lunes su propuesta sobre la ley de mercados digitales -la norma que regulará la libre competencia en el mundo digital- y el jueves hará lo propio el Consejo de la UE (los países), que aprobará también su postura sobre la ley de servicios digitales -la que fijará la responsabilidad de las tecnológicas en el control del contenido-.
El Consejo de la UE aprobará su postura sobre ambas leyes este próximo jueves, pero aun deberá esperar a que el pleno de la Eurocámara adopte la suya, previsiblemente en enero. Ambas instituciones deberán acordar después un texto común, con la intención de que pueda entrar en vigor en 2023
La ley de mercados digitales nació por la percepción en Bruselas de que las normas antimonopolísticas de la UE no han evitado el abuso de poder de gigantes como Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft, porque en un sector en constante evolución, la Comisión Europea debe realizar largas investigaciones antes de poder demostrar un comportamiento ilegal.
Ante la constatación de que por su tamaño se han convertido en imprescindibles para los usuarios y en intermediarios entre estos y otras empresas, la ley fija obligaciones previas que deberán cumplir antes de que Bruselas las investigue y que inciden precisamente en las prácticas por las que en los últimos años las ha multado y las ha llevado ante la justicia europea.
Así, les prohíbe combinar los datos personales que adquieren de los usuarios a través de los múltiples servicios que ofrecen, por ejemplo, que Facebook cruce la información que obtiene de su red social con la del servicio de mensajería Whatsapp, a no ser que exista un consentimiento previo.
También deberán permitir a las empresas que se han convertido en sus clientes vender sus productos a los usuarios a través de otras plataformas, especialmente si es a un precio inferior.
Además, tendrán que dar acceso a las empresas a los datos generados por sus clientes, permitir que los usuarios puedan desinstalar las aplicaciones que vienen por defecto en los dispositivos móviles o se prohibirá a las tecnológicas favorecer sus propios servicios frente a los de la competencia.
La Comisión y los países de la UE quieren que estos criterios se apliquen a las compañías con un valor de mercado de al menos 65.000 millones de euros, pero el Parlamento Europeo quiere elevar la cifra a 80.000 millones, lo que afectaría a las grandes tecnológicas estadounidenses, pero podría dejar fuera a otras como Booking.com o Airbnb.
En última instancia, si incumpliesen los requisitos, Bruselas podrá fragmentar a uno de estos gigantes de internet en aras de la libre competencia.
La ley de servicios digitales obligará a las plataformas a eliminar en un plazo de 24 horas el contenido ilegal que aparezca en ellas, por ejemplo, discursos de odio o terrorismo, pero no las responsabilizará por su existencia, a no ser que no lo supriman si saben que se ha publicado.
Regula, además, el funcionamiento de los algoritmos, que mediante inteligencia artificial determinan la información que ve cada usuario.
Las tecnológicas tendrán que hacer análisis de riesgo para evitar que la información que ofrecen supongan un peligro para la salud de los ciudadanos o la seguridad pública, deberán someterse también a auditorías independientes y dar a las autoridades los datos que necesiten para evaluar la forma en que moderan los contenidos.
El Consejo de la UE propone además que las plataformas que ofrecen servicios exclusivos a los menores se dirijan a ellos en un lenguaje que puedan comprender y habiliten herramientas de control parental.
Mientras que la ponente en la Eurocámara, la eurodiputada socialista Christel Schaldemose, quiere prohibir la publicidad personalizada, aunque la idea no genera suficiente consenso entre los grupos políticos ni los gobiernos europeos.
Impulsados por Francia, los países de la UE han llegado a un acuerdo para permitir que la Comisión pueda iniciar investigaciones si cree que las tecnológicas incumplen la norma, evitando así que Irlanda se convierta de facto en el principal regulador por ser la sede de estas empresas, gracias a los incentivos fiscales que les ofrece.