Las defensas de Correa y Crespo piden que se les exonere de acudir al juicio de 'Gürtel' por Boadilla del Monte

MADRID. (EP) Las defensas del líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y de su 'número dos', Pablo Crespo, han pedido este martes en la primera sesión del juicio por las presuntas adjudicaciones en el municipio madrileño de Boadilla del Monte que se exonere a sus clientes de acudir al resto de sesiones, a excepción del día de su declaración, y han anunciando además que ambos renunciarán a su derecho a la última palabra.

Sendos letrados han renunciado a la presentación de cuestiones previas y han recordado que presentaron escritos de confesión en los que anunciaban también su renuncia a la práctica de la prueba. Es por ello, han señalado, que se solicita al tribunal que evite "desplazamientos innecesarios" desde prisión.

En esta línea, el abogado de Crespo ha solicitado que se oficie a la Guardia Civil y al centro penitenciario esta petición para que su cliente no tenga que acudir a las sesiones que se celebran en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

A la misma petición se ha adherido el abogado del exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) Cesar Tomás Martín Morales. Su letrado ha solicitado que se le dispense de acudir después de declarar aludiendo circunstancias personales y explicando que debe cuidar a sus hijos por las tardes.

A esta ronda de solicitudes para evitar que los acusados tengan que sentarse en el banquillo se ha sumado la representación del contable de la 'Gürtel', José Luis Izquierdo; de Gonzalo Naranjo Villalonga; del empresario Alfonso García-Pozuelo; del empresario Jacobo Gordon y también la de Antonio de Miguel Reyes.

Un acusado se encuentra incapacitado en una residencia

El número total de encausados que quedan --27 al inicio del procedimiento-- se ha reducido a 24 dado que el exconcejal de Boadilla del Monte José Galeote se encuentra incapacitado e ingresado en una residencia en Málaga. Por su parte, Rafael Naranjo Anegón, que estaba acusado de pagar comisiones para que su empresa, Sufi, obtuviera contratos de la administración local, falleció en 2019.

Además, la Fiscalía ha retirado la acusación contra María del Carmen García Moreno, que estaba acusada de ser administradora de las empresas vinculadas a la trama. Por esos mismos hechos fue absuelta en la sentencia por la primera época de la 'Gürtel'.

De esos 24 encausados, un total de 17 han presentado escritos reconociendo los hechos o mostrando su conformidad con el escrito de acusaciones provisionales del Ministerio Fiscal, como se han encargado de recordar sus letrados. Destacan entre ellos los de Correa, Crespo o el del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como 'El Albondiguilla'.

Precisamente, este último se ha referido en declaraciones a los medios a su confesión. "Llevo colaborando con la Justicia muchos años y es lo que voy a seguir haciendo. Ya han leído mi escrito y por respeto al juez es lo único que les puedo decir", ha defendido.

Durante esta primera sesión, muchos de los abogados han renunciado a la presentación de cuestiones previas refiriéndose a los escritos de conformidad. Ese ha sido el caso de Martín Morales, el ex diputado del PP de Madrid y ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Alfonso Bosch, el constructor burgalés José Luis Ulibarri, la administradora de la 'Gürtel' Isabel Jordán, José Luis Izquierdo y el ya mencionado García-Pozuelo.

Al reconocimiento de los hechos previos al juicio también se sumaron los empresarios Jacobo Gordon, José Luis Martínez Parra y Rafael Martínez Molinero además del considerado como el cerebro financiero de la trama Ramón Blanco Balín. Se suma también la confesión de Javier Nombela, el exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa que ya fue condenado a 3 años y seis meses en la primera época de la trama.

A ellos se unió en las últimas fechas Javier del Valle, que asumió que ayudó a 'El Albondiguilla' a ocultar las comisiones que se embolsaba a través de estructuras societarias en el extranjero; y el arquitecto Antonio de Miguel Reyes al señalar que hacía la valoración técnica de las propuestas realizadas por las mercantiles de la trama.

Por su parte Luis de Miguel, que se ha ejercido su propia defensa, ha recordado que le fue concedido el tercer grado pero su imputación en este proceso hace que todavía continúe en el módulo de segundo grado. "Hace ya dos años que aporté documentación a Concepción Sabadell, pero no se si la fiscal lo ha podido encontrar", ha esgrimido.

De Miguel, que también reconoció los hechos que se le imputan, ha pedido que se le dispense de asistir al juicio asegurando que sus "delitos son muy singulares". "Si no puedo disponer del tercer grado, para mí es muy problemático venir aquí escoltado por la Guardia Civil cada día. Si no me dan el tercer día, pido venir solo el día que tenga que declarar", ha solicitado.

El resto de acusados que no ha presentado escrito de reconocimiento de los hechos o de conformidad ha presentado una serie de peticiones al tribunal, como ha sido el caso de Alicia Vallejo, imputada por la venta de un inmueble a una sociedad de 'El Albondiguilla'.

Su letrada, después de lamentar que en 2016 se ampliase la imputación contra su cliente de "forma sorpresiva", ha solicitado que se expurgue el delito de blanqueo de capitales que se le imputa por haber fingido presuntamente operaciones comerciales.

El PP pide comparecer por "medios telemáticos"

En el marco de la sesión dedicada a las cuestiones previas, el letrado que representa al Partido Popular ha pedido al tribunal que "como medida organizativa" le "permita la asistencia por medios telemáticos" al resto de jornadas. El abogado Jesús Santos, que ha sido el último en intervenir, ha invocado la ley de medidas procesales para hacer frente a la COVID-19.

La formación liderada por Pablo Casado comparece como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de la supuesta trama corrupta. Se le exige que indemnice al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con 204.198,64 euros, cifra que según las pesquisas las arcas municipales habría abonado a actos del partido, incluidos electorales.

Este martes también han comparecido los letrados de las 11 personas jurídicas citadas como responsables civiles. Lo han hecho después de un breve receso celebrado a las 12.30 horas, una vez finalizadas las intervenciones de las defensas de las personas físicas acusadas.

La mayoría no ha presentado ningún tipo de cuestiones previas. Cuatro letrados del turno de oficio, sin embargo, han avisado al tribunal que los respectivos administradores de las sociedades a las que han representado han acordado relevarles. Han comunicado, además, la voluntad de no nombrar nuevos profesionales.

En declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, el letrado que representa a la mercantil Hator Consulting, Francisco José Fernández-Cruz, ha denunciado la precariedad del turno de oficio asegurando que únicamente ha cobrado 10.000 euros por siete años de trabajo.

El letrado de UFC SA ha sido el único de las mercantiles en plantear cuestiones previas. Ha alegado que, tras la petición de cosa juzgada por parte de la defensa de Ulibarri, decaería la responsabilidad civil subsidiaria de su representada. Por ello, ha pedido a la Fiscalía, al Ayuntamiento de Boadilla y el resto de acusaciones y defensas que renuncien a la declaración del representante de UFC SA.

El tribunal ha acordado suspender la sesión de este martes poco antes de las 13.00 horas. Está previsto que el juicio se reanude mañana miércoles con la valoración de la Fiscalía y el resto de acusaciones de las cuestiones previas planteadas por las defensas.