MURCIA. Vox y Podemos tendrán que revisar sus reformas de la ley del Mar Menor si quieren que la Asamblea Regional las admita a trámite. La Mesa de la Cámara ha dejado "pendiente" la tramitación de las proposiciones de ley que habían formulado por un lado el Grupo Mixto (formado por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) y Vox por otro. Fuentes oficiales de la Asamblea explican que el órgano rector del Parlamento (encargado de decidir sobre la calificación y la admisión o no a trámite de los escritos parlamentarios) ha solicitado a los dos grupos que subsanen "algunas cuestiones" de acuerdo con las "previsiones establecidas" en el Reglamento de la Cámara.
Las reacciones de ambos han sido dispares. Desde Vox han respondido señalando en redes sociales que la Mesa "solicita ampliar el informe económico para la tramitación definitiva de la Ley del Mar Menor" y expresan su compromiso de que lo presentarán "en las próximas horas". Desde Podemos, en cambio, han cargado con dureza por esta decisión de la Cámara y hablan de "bloqueo". Su portavoz, María Marín, ha señalado que el "bloqueo" es "injustificado y arbitrario" y asegura que lo recurrirán. "Nos han metido en el mismo saco que Vox, cuando la ultraderecha no ha presentado ningún informe económico y nosotros hemos justificado punto por punto el impacto económico de cada una de las modificaciones que proponemos", adujo Marín.
Estas dos reformas son proyectos prioritarios para ambos partidos, cada uno con sus razones propias. Para Podemos, que lo presentó un día antes que Vox, se trata de una manera de "hacer cumplir" la ley vigente, que se aprobó en verano de 2020 con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE (este último en la oposición) tras el grave episodio de anoxia de 2019. Los morados entienden que la actual norma presenta "muchas carencias y subterfugios" y también esgrimen que, cuatro años después de su aprobación, "apenas se ha cumplido nada de lo que ponía en ese texto".
La reforma de Podemos contiene una batería de 20 propuestas y quiere centrar el tiro en poner más coto a los nitratos (no en vano, sus diputados se negaron a aprobar la ley de 2020 porque consideraba que era "el pacto del nitrato"). También buscan la moratoria urbanística, vetar las macroplantas fotovoltaicas y compensar a los agricultores y ganaderos para proteger la laguna, como en Doñana.
Para Vox es su gran proyecto estrella de la campaña electoral, el cambio de la norma que tanto criticó durante su etapa en la oposición (llegó a exigir incluso la derogación de la ley del Mar Menor) y supone, también, una de las principales discrepancias con su socio de Gobierno el PP. Su texto quiere sacar a Fuente Álamo de ámbito de la ley al entender que no hay relación entre la contaminación del Mar Menor y este municipio no ribereño, así como aboga por prácticas para que la red de saneamientos no vierta residuos urbanos a este ecosistema.
La Dirección General de Ordenación del Territorio, en manos de Vox, lleva tiempo recopilando información con ecologistas, organizaciones y todos los sectores cualificados implicados. "Todos nos dicen lo mismo: la ley está mal hecha, tanto en un sentido como en otro", ha declarado en reiteradas ocasiones su líder y actual vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, quien incluso repartió copias del borrador a sus compañeros del Consejo de Gobierno. El PP, no obstante, se ha limitado a reseñar que "no dará un paso atrás en la defensa del Mar Menor" y emplaza al debate en la Asamblea cualquier consideración sobre este asunto.
No obstante, tanto Podemos como Vox ahora tendrán que revisar sus textos y cumplir con las peticiones para superar este primer corte y poder llevar la reforma a la Junta de Portavoces, que es el órgano que decide qué temas se abordan en los plenos. No hay plazos para la subsanación de errores. Por lo general, la Mesa de la Cámara se suele reunir los lunes mientras que la Junta suele celebrarse los martes.
La Mesa es, según la define su reglamento, el llamado órgano rector colegiado de la Asamblea Regional. Está formada por cinco miembros, con su presidenta, Visitación Martínez, a la cabeza. Ni Vox ni Podemos tienen representantes, ya que está formada por tres diputados del PP y dos del PSOE, como así se decidió al comienzo de la legislatura en una votación que indignó a Vox.
Entre sus múltiples funciones, la Mesa se encarga de "decidir sobre la calificación, la admisión o no a trámite y la remisión al órgano que corresponda, de cuantos escritos y documentos de índole parlamentaria tengan entrada en la Cámara, excepción hecha de las enmiendas a proyectos y proposiciones de ley, que serán dirigidas a la Mesa de la Comisión correspondiente para que dictamine sobre su calificación y admisión a trámite antes de ser remitidos a la Mesa de la Asamblea". No obstante, la admisión a trámite se limita "a verificar que el acto o escrito en cuestión cumple las condiciones reglamentarias".
Podemos denuncia que la decisión de este lunes es "una injusticia" aunque considera que no es una sorpresa: "Porque hace tiempo que tanto la Mesa como los servicios jurídicos parecen haber perdido cualquier apariencia de imparcialidad". Marín sostiene que la Mesa ya "bloqueó durante varias semanas la iniciativa de su grupo de crear una comisión de investigación sobre el incendio de Atalayas" para, afirma, "acabar reconociendo finalmente que la Asamblea sí que tenía competencias, como en Podemos defendió desde el principio".
La diputada morada tiró de símil futbolístico: "En Podemos sabemos perfectamente que las cosas funcionan así y que no competimos en igualdad con el resto de grupos. El VAR de la Asamblea, en este caso la Mesa, se ha convertido en un cortijo donde el PP y el PSOE hacen y deshacen a su antojo". Sin embargo, avanzan que esta situación no va a afectar a los planes de la formación morada, sino solo retrasarlos: "Si se creen que esto nos va a desanimar, es que aún no nos conocen. Al contrario, nos anima a trabajar aún más duro", ha concluido Marín, que ha asegurado que Podemos va a desarmar una a una todas las excusas que se invente la Mesa".