MURCIA. Las organizaciones empresariales Croem, Coec y Ceclor, así como las 65 asociaciones sectoriales han reclamado a través de un manifiesto conjunto que se reanude toda la actividad que sea posible y, en especial, en sectores que están sumidos en una situación especialmente grave como son el comercio y el turismo y la hostelería. Las confederaciones empresariales destacan que estos sectores y todos los demás establecimientos asociados al ocio viven un "momento dramático" que requiere de un plan de choque urgente porque no se puede plantear otro horizonte que no sea el de la celeridad en la reanudación de las actividades.
"Castigar sin un horizonte claro la importante actividad de los servicios en un país que tiene en el tercer sector su gran fortaleza, solo puede traer un retraimiento de la actividad económica y del empleo, es decir, los dos factores que permiten pagar impuestos. Y sin impuestos no hay estado de bienestar", indican.
Por otra parte, los empresarios murcianos piden que hasta un máximo de quince días de las vacaciones de verano de sus empleados se disfruten en este periodo de estado de alarma, previo acuerdo de empresa y trabajadores, y reclaman suspender el pago de impuestos y tasas, así como del cumplimiento de otras obligaciones tributarias, sobre todo para actividades no calificadas como esenciales y que están directamente afectadas por la situación de crisis actual. "Compensar de forma automática el pago de impuestos con las deudas que las administraciones públicas tengan con empresas con las que contraten y ampliar el plazo de presentación de la declaración del IRPF 2019 durante al menos tres meses y acelerar las devoluciones al máximo posible", son otras dos peticiones empresariales.
Reclaman también se reduzcan los módulos del IRPF y del IVA, en proporción al periodo durante el que los autónomos no pueden desarrollar su actividad con normalidad por la crisis y que se sigan intensificando las devoluciones de IVA, de especial impacto en las empresas exportadoras. Solicitan al mismo tiempo que se dote de seguridad jurídica y certidumbre a las empresas y trabajadores sobre tiempo de tramitación de los ERTE y que se autoricen los de suspensión de contrato o reducción de jornada más allá de la estricta duración del estado de alarma, y que se elimine la condición de mantenimiento de las plantillas seis meses después de la finalización del estado de alarma para beneficiarse de las exenciones en el pago de las cotizaciones en los casos de ERTE por fuerza mayor.
Croem y el resto de patronales consideran necesario que se adopten todas las medidas que planteen en el marco del diálogo social, y con el máximo consenso posible, no con decisiones unilaterales, y dotar de un marco de mayor certidumbre y seguridad jurídica a las medidas y normativa aprobadas, así como salvaguardar la libertad de empresa, evitando intervenciones públicas, “que, bajo el pretexto de esta situación extraordinaria, entorpezcan la adaptación de cada iniciativa económica y, por tanto, el mantenimiento de puestos de trabajo a corto y medio plazo”. Asimismo, solicitan que se eviten “los mensajes generalizados, confusos o incompletos que, persiguiendo tranquilizar a la población en general, perjudican y menoscaban la imagen o la situación de las empresas, y advierte que la mejor política social es favorecer que las empresas mantengan los puestos de trabajo”.