MURCIA. Enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado hoy, frente a los Servicios Centrales del Servicio Murciano de Salud (SMS), para denunciar la no renovación de más de 1.000 contratos que cesan a 31 de marzo, pedir la resolución de las oposiciones que se realizaron en 2019, las 35 horas semanales y el Nivel 22 para enfermeras especialistas.
"No se valora la profesionalidad del personal sanitario que lleva años trabajando y aportando su dedicación y experiencia para ofrecer cuidados de calidad a los ciudadanos de esta Región", declaran desde SATSE Murcia, que tacha de "imprudente" y "temerario" la medida de eliminar las contrataciones que cesan mañana, máxime a las puertas de una posible séptima ola y ante la Semana Santa y Fiestas de Primavera. No somos profesionales de "usar y tirar", y con esta medida van a poner en riesgo la asistencia sanitaria a la población, afirman.
Convocados por el Sindicato de Enfermería, SATSE, la nueva protesta ha estado protagonizada, por enfermeros, enfermeros especialistas y fisioterapeutas, acompañados de la Federación de Sindicatos de Educación y Salud (FSES), y otros colectivos sociales, que han querido denunciar el rechazo de administraciones públicas y partidos políticos a mejorar la situación de nuestro sistema sanitario, tras haber superado la fase aguda de la pandemia del Covid-19 y exigir mejoras en la atención y cuidados que se presta a pacientes y ciudadanía.
Los profesionales han criticado que, una vez que el foco informativo y social no está centrado en la pandemia, las administraciones públicas y partidos no están cumpliendo ni uno solo de los compromisos realizados para que los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios de la Región de Murcia cuenten con los recursos y medios necesarios para ofrecer una atención sanitaria digna, segura y de calidad.
Portando pancartas y coreando proclamas tales como "La vocación no es explotación" o "No soy necesaria, soy imprescindible", las personas concentradas han exigido soluciones, además de "respeto y dignidad", protestando por la política de "brazos cruzados" de la Consejería de Salud, que está cronificando los problemas y deficiencias que el SMS ya tenía antes de la pandemia y que ahora se han agravado (listas de espera, saturación, colapsos, sobrecarga y tensión asistencial…) perjudicando a los pacientes, ciudadanos/as y profesionales.
Otro claro ejemplo, subrayaron, es el "vergonzoso" bloqueo que sufre desde hace un año y tres meses la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados, y que está impidiendo que la seguridad asistencial esté siempre garantizada en cualquier centro sanitario y sociosanitario gracias a una asignación máxima de pacientes por enfermera/o en condiciones de igualdad, calidad y seguridad.
Unos profesionales sanitarios que siguen sufriendo, en uno de cada tres casos, una situación laboral de temporalidad y precariedad que sigue sin resolverse y que demandan poder jubilarse anticipadamente debido a sus penosas, toxicas y peligrosas condiciones laborales, o que puedan incorporarse al Grupo A sin subgrupos, algo que ahora les niega administración central lo que les discrimina y perjudica profesionalmente.
"Mientras que al conjunto de la ciudadanía le sigue preocupando, y mucho, la situación de nuestra sanidad, como reflejan las últimas encuestas, a los responsables públicos y políticos ya no les importa nada y se enzarzan en otras polémicas y debates muy alejados del interés general, sin querer tampoco darse cuenta de que aún no ha acabado la pandemia del Covid-19 y que habrá otras crisis sanitarias en un futuro", resaltan desde el Sindicato de Enfermería.
Las concentración realizada hoy, frente al Edificio Habitamia de la Consejería de Salud, se suma a las ya impulsadas por SATSE el pasado 10 y 22 de febrero, en los centros de salud y hospitales, respectivamente, y a las que les seguirán otras a lo largo de los próximos meses, dentro de su estrategia general de acciones reivindicativas y movilizaciones con el objetivo de que las administraciones públicas y partidos políticos destinen los recursos y medios necesarios a nuestra sanidad pública y, de esta forma, se proteja el bien supremo del derecho a la salud en óptimas condiciones de bienestar, calidad y seguridad.
