CARTAGENA. La empresa Puerto Deportivo Mar de Cristal, actual concesionaria de dicho puerto, ha decidido presentar alegaciones al 'Estudio de Viabilidad', que, efectuado por la Comunidad Autónoma, se encuentra en información pública desde el 8 de marzo. La gestión del puerto de Mar de Cristal finalizará el próximo mes de octubre y de ahí que la CARM haya decidido publicar el estudio en el que resume que el total de gastos(en el que incluye personal, mantenimiento, reposición, reparación y conservación, explotación, tributos y seguros)estimado durante todo el periodo concesional asciende a la cantidad de 6.024.406,80 euros mientras que el de ingresos (amarres, arrendamiento del bar, cuota de mantenimiento) es de 6.722.905,56, por lo que el resultado un Valor Actual Neto positivo es de 397.484 euros.
Pero la empresa que actualmente gestiona el puerto ha mostrado su sorpresa por dicho estudio para licitar una nueva concesión desde la Consejería de Fomento, sin resolver "los fuertes desequilibrios de la concesión vigente que ha sufrido los peores episodios de la eutrofización del Mar Menor (sopa verde 2016, nueva turbidez 2017, anoxia octubre de 2019), DANAs encadenadas (sep 2019-mar 2020), y la pandemia de COVID", argumenta Enrique Sanmartín, administrador único de la mercantil Puerto Deportivo Mar de Cristal, S.A., actual concesionaria del Puerto Deportivo de Mar de Cristal.
La nueva concesión propuesta, 20 años sin inversión ninguna, contrasta con la vigente (sólo 6 años e inversión contractual de 1.026.000 €, con lo que sólo por inversión su sobrecoste es 170.000 €/año).
Unos ingresos que no llegaron tras años de problemas
Sanmartín indica en sus alegaciones que la Consejería reconoce que, para la nueva concesión, el ingreso medio anual estará durante 20 años en 336.000 €/año. En el estudio de viabilidad de la concesión vigente, la misma Consejería cifró los ingresos anuales en 470.000 €, y el concesionario, que duplicaba superficie de amarre con nueva ordenación en agua y generando marina seca, esperaba unos ingresos medios anuales de 580.000 €/año.
Los problemas financieros surgieron con la 'sopa verde' en 2016, "imposibilitando ceder amarres y recaudar para autofinanciarse, impidiendo la instalación de estanterías previstas en marina seca, perdiendo un 20% de los 222 amarres, lastrando igualmente la recaudación", dice el escrito.
Los clientes alojados ahora "nada tienen que ver con los heredados en octubre de 2015 de la mismísima Consejería". Los clientes actuales "son solventes, asegurando la recaudación desde el inicio para el concesionario entrante".
Dice Sanmartín que los armadores "heredados" al inicio de la vigente concesión, tras 2 años de gestión directa por la Consejería, eran 'diferentes'. El puerto, aparentemente, estaba lleno. La sorpresa surgió al constatar que la mitad de la flota no estaba identificada por la Consejería. "De los identificados, aproximadamente su mitad declinaba el pago de cuotas, ante la falta de servicios prestados. De 170 barcos esperados como inquilinos fiables, con la eficaz gestión de la Consejería, pagaban 40".
El estudio de viabilidad reconoce un coste de explotación anual de 217.000 €. Pero "falta personal para cubrir 24 horas. El coste de explotación actual se sitúa en 237.000 €, similar a lo planteado, algo superior, al aumentar marineros para cubrir 24 horas los 365 días del año".
"Lo más sorprendente", dice Sanmartín, que plantea la Consejería es una inversión durante 20 años de concesión de 0 €, "olvidando que tendrán que hacer dragados periódicos para mantener el calado, conseguido en los trabajos de remodelación realizados en 2016, además de renovaciones en pantalanes flotantes, renovación de maquinaria y camas en marina seca y las renovaciones / actualizaciones: edificio portuario, redes de servicios, muelles, escolleras, pavimentos, jardinería, puertas, vallado…".
Estos costes no considerados por la Consejería supondrán "un desequilibrio respecto de su estudio". Pero, más sorprende todavía, dice el administrador único de la empresa, es que "no consideren ninguna inversión de retorno al actual concesionario, con lo que reconocen un enriquecimiento ilícito de la Administración". El estudio factura por 62 amarres en seco. Para ello, es necesario tener camas de varada y maquinaria para movilizar barcos desde ellas al agua y viceversa. Actualmente hay un remolque hidráulico de varada, su tractor, dos carretillas y 64 camas. Suponen 120.000 €. Esa inversión en maquinaria y camas es propiedad del actual concesionario. "Si la Administración piensa explotar la marina seca sin inversión alguna del nuevo concesionario, debería haber pagado la inversión del actual concesionario".
Una inversión de 1.600.000 euros
Explica Enrique Sanmartín que la inversión contractual del actual concesionario era 1.026.000 €, pero lainversión total realizada supera 1.600.000 €. "La Consejería sólo ha reconocido 1.293.000 €, con lo que, al menos, hay un incremento de inversión de 267.000 € (= 1.293.000 – 1.026.000) (real de casi 600.000 €: 1.600.000 – 1.026.000 = 574.000 €)".
Dicho incremento de inversión no ha podido amortizarse en los 6 años de concesión, apostilla, porque el contrato del actual concesionario no ha variado. "Si la Administración piensa explotar el puerto sin inversión alguna del nuevo concesionario, debería haber pagado el exceso de obras al actual concesionario", añade en su escrito de alegaciones.
El desajuste explicado en inversiones y costes "sólo se puede arreglar bajando el pretendido canon de 83.802+IVA". El canon pretendido "es excesivo", reclama, para el volumen de recaudación que puede generar el puerto, para los costes de explotación necesarios para "dar un servicio de calidad", para las inversiones pendientes de amortizar, y las que habrá que ir realizando para mantener las instalaciones en buen estado durante 20 años.
Un cuadro en las alegaciones compara parámetros de la licitación de 2014, del contrato firmado en 2015, de la realidad tras las dificultades expresadas, y el nuevo estudio de viabilidad de marzo de 2021.
1. La suma inversión más canon en la nueva concesión es 102.000 €/año, frente a 313.700 € en la vigente, siendo el ingreso anual previsto similar al obtenido hoy, tras un llenado progresivo y lucha contra las dificultades sobrevenidas.
2. "La vuelta a la realidad" del nuevo estudio es la rebaja que la Consejería propone en los precios por m2 de amarre de alquiler-cesión. En 2014 el precio de alquiler adoptado era 200 €/m2 al año en el actual es 110 a flote y 100 en seco; y el precio de la cesión por año 46’67 €/m2-año frente a los actuales 32 €/m2-año. La Consejería reconoce que las posibilidades de recaudación de la actual concesionaria han sido muy inferiores a las previstas cuando fue licitado el puerto en 2014, y "debería hacerse un reequilibrio" para compensar la menor capacidad de recaudación producida por todas las causas externas ajenas al actual concesionario que le ha tocado sufrir.
La actual concesión pide ampliar el plazo para amortizar las inversiones llevadas a cabo y un reequilibrio económico
"Los desequilibrios en ingresos e inversiones" acometidas son lo que han conducido a la "imposibilidad" de pagar el canon fijado en contrato (oct 2015), y que la Consejería nunca ha atendido, por ello la actual concesión requiere:
1.- Ampliar plazo para amortizar las inversiones realizadas, "y de las que pretende aprovecharse la Consejería sin resarcir de su coste total a la empresa", dice Sanmartín.
2.- Bajar canon para adecuar costes a ingresos reales, que han estado fuertemente condicionados por todos los factores externos explicados (eutrofización, DANAs, anoxia, COVID).
Así, solicita la retirada del estudio ante la imposibilidad de adjudicar nueva concesión sin cerrar adecuadamente la vigente.
Es "imprescindible" realizar un reequilibrio económico por diferentes causas de fuerza mayor, solicitado desde 2016. Por la inactividad de la Administración, se interpuso contencioso-administrativo ante los tribunales de Murcia, que cerraron el asunto afirmando sorpresivamente que "la eutrofización del Mar Menor no puede considerarse una causa de fuerza mayor por estar producida por el hombre".
Se presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, admitido a trámite y pendiente de resolución, con lo que sorprende que la propia Administración personada en el procedimiento judicial ponga en marcha la adjudicación de una nueva concesión sin haber cerrado la anterior adecuadamente, y que, si fuese condenada a realizar el reequilibrio concesional, se encontraría con la actual concesión caducada (la ha puesto en marcha de oficio el pasado 8 de septiembre), con la empresa fuera de la instalación (sería imposible la extensión de su concesión), y otro concesionario en la instalación, que entra con inversión nula, sin resarcir al anterior por los sobrecostes de obras y "quedándose" con la maquinaria y elementos de varada actuales en marina seca.
