Foto: PEXELSMURCIA (EP/EFE). La Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, conocida popularmente como 'Ley de Startups', entrará en vigor este viernes, 23 de diciembre, después de haberse publicado el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 21 días después de su aprobación en el Congreso de los Diputados.
El texto entra en vigor pendiente de un desarrollo normativo que permita que Enisa otorgue el 'sello startup', que acreditará la condición de empresa emergente y que dará acceso a estas compañías a descuentos en el impuesto de sociedades, entre otros beneficios. La entidad pública ha habilitado en su web un prerregistro de cara a que las empresas interesadas reciban una notificación por parte de Enisa cuando se ponga a disposición el procedimiento.
Asimismo, la publicación del tiempo también activa la cuenta atrás para el desarrollo de otros aspectos de la ley como la elaboración de un modelo de estatutos tipo que permita el registro de una 'startup' en cuestión de días y que el Gobierno deberá elaborar y aprobar por Real Decreto en un plazo de tres meses.
En la misma línea, el Ejecutivo se ha dado medio año para la aprobación de otro texto legislativo que regule el Foro Nacional de Empresas Emergentes, un órgano colegiado interministerial que reunirá también a centros de investigación, otros organismos, patronales y 'startups'. Su principal función será elaborar un informe anual sobre el funcionamiento de la ley y su aplicación.
Además de la rebaja en el Impuesto de Sociedades para estas empresas, la ley permite al contribuyente deducirse en el IRPF la mitad de lo invertido en suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva creación hasta una base máxima de 100.000 euros anuales.
La inversión deberá ser en empresas de nueva creación, que no tengan más de cinco años de antigüedad, siete en caso de algunos sectores estratégicos, y que tengan sede social en España, entre otros requisitos. Y que tengan el 'sello Startup' otorgado por Enisa.
La ley establece ciertas condiciones para esta deducción, como que las acciones o participaciones se compren bien en el momento de la constitución de la sociedad o que ésta haya efectuado una ampliación de capital. Además, se deberá permanecer en su patrimonio un plazo superior a tres años e inferior a doce años. Además, el contribuyente no debe tener más del 40 % del capital de la sociedad, entre otros requisitos.
Hasta ahora ya se contemplaban deducciones para este tipo de inversiones, que estaba fijado en un 30% de capital hasta un tope de 60.000 euros.
La ley también modifica la tributación de las opciones sobre acciones, una remuneración muy común en el sector, que serán gravadas solo en caso de un evento de liquidez y no como rentas de trabajo, así como el carried interest de los gestores, que pasan a ser considerados rendimientos de trabajo.
