La gran banca española cerrará 2021 con unos 16.000 empleados menos

MURCIA (EFE). La gran banca española cerrará el año con unos 16.000 empleos menos, fruto del continuo plan de adelgazamiento que aplica el sector desde hace más de diez años por las repetidas reestructuraciones, la baja rentabilidad del negocio por unos tipos de interés históricamente bajos y el avance de la digitalización, acelerado en el último año y medio por la pandemia.

Se cierra de esta forma una parte importante de la historia  de la banca nacional, muchas veces criticada por su sobredimensionamiento pero que también era de las más capilarizadas de Europa y podía atender de forma satisfactoria a la población rural y, sobre todo, a los mayores, que no están familiarizados con la banca "online" y prefieren la atención directa en la oficina "de toda la vida".

En un sector financiero cada vez más reducido por las fusiones pero también mejor capitalizado y más resistente tras las últimas crisis, las entidades saben que el gran reto es elevar su rentabilidad (medida por el porcentaje de ingresos que consumen los gastos) porque un negocio que no es rentable no es negocio y no atrae inversores, como a veces refleja la cotización bursátil.

Por eso, todas ellas están pendientes de Bruselas y de Fráncfort, sede del BCE, de donde emanan tanto la política monetaria de la UE como las normativas que regulan, entre otras cosas, el capital que han de tener en sus balances o incluso el veto al reparto de dividendos que ha estado en vigor desde mayo de 2020, para desesperación del sector.

El BCE anunció el jueves que la tímida recuperación de la economía europea y la subida de los precios son suficientes para suavizar un poco el ritmo del programa de adquisición de deuda que tiene en marcha para ayudar a los países del euro.

Sin embargo, de momento no ha cuantificado en qué medida prevé ralentizar ese programa y ha destacado que esto no supone el principio del fin de los estímulos a la economía (lo que se conoce como "tapering").

La patronal de la banca reafirma su apoyo a la recuperación

Volviendo España, la patronal de la banca, la AEB, ha insistido, en declaraciones a EFE, en que la prioridad del sector es seguir "apoyando a las familias y empresas en la recuperación económica", además de "mantener y mejorar la calidad del servicio" que prestan a sus clientes a través de todos los canales disponibles.

La asociación recuerda, además, que los bancos han ofrecido su ayuda para canalizar los fondos europeos Next Generation y a aportar financiación para que los recursos "lleguen rápido a las empresas con proyectos innovadores y sostenibles, que modernicen la economía y creen empleo".

Recortes derivados de fusiones

Pese a los recortes de personal y oficinas que iniciaron durante la anterior crisis, mucho antes de la pandemia, las fusiones como CaixaBank-Bankia o Unicaja-Liberbank y el avance de los canales digitales obligan a las entidades a seguir eliminando empleo, a veces con salidas voluntarias, incentivadas o con prejubilaciones.

Por ejemplo, la nueva CaixaBank, una vez incorporada Bankia, quiere dejar marchar a algo más de 6.400 empleados, a los que ofrece unas condiciones lo suficientemente buenas como para haber recibido más de 8.200 peticiones, que se resolverán antes del 20 de septiembre.

El Banco Santander, también muy curtido en las uniones, fusiones y adquisiciones, la última el Banco Popular, en 2017, ya ha dado salida este año a 3.600 empleados y ha cerrado un millar de oficinas y en el futuro adaptará su estructura "al alza o a la baja" a lo que demanden los clientes, según explicó el pasado mes de julio el consejero delegado de la entidad.

El Banco Sabadell ha sido el último en anunciar esta misma semana un ajuste de en torno a 1.900 empleados y unas 320 oficinas que hará antes de que acabe el año, gran parte de los cuales (unos 1.800) ya se esperaban.

Por su parte, BBVA tiene previsto dar salida a 2.935 personas y cerrar 480 oficinas en 2021, ambas cosas solo en España.

Unicaja no ha comunicado sus planes tras la absorción de Liberbank, pero los sindicatos calculan que se podrían perder unos 1.000 empleos.