MURCIA (EP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha apuntado que la contratación de renta variable española en las bolsas fue de 630.529 millones de euros en 2023, lo que supuso una caída de un 14,6% respecto al año previo y el importe más bajo desde el año 2004, según el informe anual correspondiente al ejercicio de 2023 y divulgado este miércoles.
El supervisor bursátil ha señalado a su vez que el pasado año la negociación de deuda pública española rompió la tendencia descendente de los últimos ejercicios y se situó en 1,99 billones de euros, lo que supuso un alza de un 1,9% respecto a 2022.
De su lado, la negociación de renta fija privada aumentó casi un 50% en relación con el año previo, hasta los 407.420 millones de euros.
El interés de los inversores por la renta fija se catapultó el pasado año por las agresivas alzas de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE), para atajar las elevadas tasas de inflación.
En lo referente al ámbito de los fondos de inversión, la CNMV ha señalado que 2023 fue un "ejercicio" positivo para la industria de la inversión colectiva, debido tanto al buen comportamiento de los mercados como a las entradas de nuevas inversiones.
En concreto, el patrimonio de los vehículos nacionales se incrementó un 12,4%, hasta situarse por encima de 370.000 millones de euros, mientras que el número de inversores partícipes en instituciones de inversión colectiva (IIC) se incrementó, pasando de 4,6 millones a finales de 2022 a 5,2 millones a finales de 2023.
Ligado a esto, cabe destacar que el patrimonio de las IIC extranjeras comercializadas en España creció un 25% en 2023, hasta los 251.305 millones.
De su lado, el informe también pormenoriza los cambios que ha supuesto la entrada en vigor de la ley de las Sicav: sólo quedan 450 entidades registradas de las 2.280 que había en 2021, en tanto que en el mismo periodo el patrimonio e inversores se han diluido hasta la mitad, descendiendo a 14.300 millones y 46.000 inversores.
En cuanto a los servicios de inversión, cabe reseñar que el beneficio conjunto de las sociedades y agencias de valores aumentó un 17,5% en 2023, hasta 128,4 millones, mientras que al cierre del año había un total de 99 sociedades y agencias de valores registradas, cuatro entidades más que en 2022.
De su lado, el número de empresas de asesoramiento financiero (EAF) registradas en la CNMV era de 143 en 2023, las mismas que en 2022, si bien el patrimonio asesorado cayó un 15%, hasta los 15.865 millones; con todo, los beneficios crecieron por la contención de los gastos.
Por otra parte, el estudio hace mención a las entidades de crédito, pues concentran la mayor parte de los ingresos percibidos por la prestación de servicios de inversión: el 67% de este negocio correspondió a bancos comerciales tradicionales o a entidades que pertenecen a sus grupos, tres puntos más que en 2022.
En el ámbito del capital riesgo se produjo un número importante de altas de nuevas entidades, ya que se superó el récord de sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado (SGEIC), sociedades de capital riesgo (SCR) y fondos de capital riesgo europeos (FCRE) inscritos en el registro de la CNMV. Además, se produjo la novedad de autorizarse e inscribirse un fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE).
Sin embargo, el volumen de inversión del sector cayó un 34%, hasta los 6.110 millones de euros, por el contexto de elevados tipos de interés.
El supervisor bursátil ha expresado que el pasado año reforzó sus actuaciones de vigilancia en el ámbito del capital riesgo por el aumento de la presencia de los inversores minoristas.
El nuevo registro de proveedores de servicios de financiación participativa (PSFP), toda vez que ha finalizado finalizar el plazo de adaptación a la nueva normativa europea, tiene 21 entidades inscritas, 20 de la conversión de plataformas de financiación participativa (PFP) en PSFP y una de nueva creación.
En lo referente a las finanzas sostenibles, el estudio ha expuesto que el número de IIC que en 2023 se habían acogido a los artículos 8 y 9 del Reglamento europeo SFDR fue de 338, lo que supuso un alza del 14,5% (lo que afectaba a un 34% del total del patrimonio y un 47% de los partícipes).