MADRID (EP). La banca se ha comprometido a asegurar en un plazo de seis meses al menos un punto de acceso presencial a servicios bancarios en todos los municipios de más de 500 habitantes y, en caso de no conseguirlo en ese plazo, en instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras su reunión con las principales asociaciones bancarias --AEB, CECA y Unacc-- para abordar la inclusión financiera del ámbito rural.
La vicepresidenta primera ha explicado que durante la reunión se ha abordado la actualización del 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', elaborado para asegurar la mejora del servicio de atención al cliente del sector, suscrito en 2021. Se trata de una "primera línea de defensa" de los usuarios financieros, que se une a la Ley de Servicios de Atención al Cliente y la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
En concreto, la actualización del protocolo recoge los nuevos compromisos del sector, que consisten en asegurar, en un plazo de seis meses, que exista al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales, ya sea a través de oficinas bancarias, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles, en los cerca de 250 municipios de más de 500 habitantes que actualmente no cuentan con ningún punto de acceso.
"Se cubre así a 211.000 personas, y para el despliegue de estos servicios, será fundamental la colaboración público-privada", según ha afirmado Calviño. Esta colaboración podrá llevarse a cabo, entre otras modalidades, a través de la cesión de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas oportunas.
En el caso de que, transcurrido ese plazo de seis meses, no haya ningún punto de acceso, el sector se ha comprometido a la instalación de cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.
Para los cerca de 3.000 municipios de menos de 500 habitantes y que no tienen actualmente ningún tipo de acceso, donde viven cerca de 446.000 ciudadanos, la banca podrá dar cumplimiento de sus compromisos a través de cajeros rurales o soluciones alternativas como sistemas de cashback o 'cash in shop' que permiten el suministro de liquidez por parte de establecimientos no financieros, como tiendas o gasolineras. Para este punto, la banca no cuenta con un plazo de cumplimiento.
Cabe recordar que a principios de julio, las asociaciones bancarias presentaron un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie) donde identificaron que cerca de un 1,4% de la población española, en torno a 657.500 personas, no tenía ningún punto de acceso a servicios bancarios en su municipio, concentrándose en 3.230 localidades.
El acuerdo para la actualización del protocolo alcanzado recoge también compromisos en relación con aquellos municipios que cuenten con un único punto de acceso físico a servicios bancarios, con el fin de mantener la provisión de este servicio.
Las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se han comprometido a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de, al menos cuatro meses, salvo "imposibilidad sobrevenida".
Además, estos municipios se incorporarán a los objetivos desarrollados en el protocolo, comunicando la previsión de cierre al Observatorio de Inclusión Financiera para su incorporación al estudio de diagnóstico, con el objetivo de que se pueda sustituir el servicio prestado por otro en línea con los establecidos para municipios en la misma categoría de población, de modo que se mantenga el acceso a los servicios bancarios.
Todas estas iniciativas serán complementadas con los servicios de banca electrónica y telefónica desarrollados por las entidades financieras. En este sentido, las entidades continuarán impulsando la capacitación digital y financiera de sus clientes en el ámbito rural mediante programas de formación, incluyendo formación específica a segmentos de personas mayores.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital ha recordado las iniciativas que ha puesto en marcha para reducir la brecha digital de las zonas rurales, tanto en lo que se refiere a incrementar la cobertura rural de redes de 100 Mbps con vistas a la desaparición completa de la brecha digital a más de 100 Mbps entre zonas rurales y urbanas en 2025, como en lo que se refiere a mejorar las coberturas de 4G y de 5G.
Calviño ha indicado que se encargará a un experto independiente el seguimiento continuado de las medidas que se vayan implementando, con el objetivo de reajustar la hoja de ruta en caso de necesidad e identificar alternativas que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos
Para ello se realizará un estudio anual que revise el diagnóstico de los puntos de acceso a los servicios financieros y de manera complementaria, las asociaciones bancarias elaborarán informes de situación trimestrales, dando seguimiento a las actuaciones comprometidas.
Ambos estudios recogerán la información remitida por las entidades financieras sobre los municipios inicialmente incluidos en el ámbito del protocolo, detallando los nuevos puntos de acceso, así como las localidades en las que se haya producido el cese de servicios a través de oficina móvil o agentes financieros.
En este punto, Calviño ha recordado que su departamento está a la espera de conocer un informe elaborado por el Banco de España con un diagnóstico más detallado y con otras alternativas para garantizar la inclusión financiera en España.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha considerado que la despoblación es un problema "transversal", que afecta a múltiples servicios, tanto públicos como privados, y "la banca ha decidido tomárselo muy en serio", y ha asegurado que se ha buscado "las mejores soluciones, más eficientes y más eficaces" para adaptarse a cada municipio.
Kindelán ha resaltado que el compromiso de la banca con la inclusión financiera es "vivo y permanente", con la contratación del experto independiente para realizar un seguimiento de las iniciativas acordadas. "Ojalá otros servicios alcancen la cobertura que tienen hoy los servicios bancarios", ha añadido Kindelán.
Por su parte, el director general de CECA, José María Méndez, ha explicado que la actualización del protocolo incluye varias soluciones, como ofibuses, nuevos cajeros, agentes financieros y se busca la colaboración con carteros rurales a través del acuerdo firmado en julio con Correos.
Méndez ha explicado que la distribución de la población en España es "muy distinta en el norte de España, con más dispersión, y en el sur, más concentrada", y que las medidas acordadas se adaptan a esta realidad.
La secretaria general de Unacc, Cristina Freijanes, ha recordado las acciones de educación financiera contempladas en el Protocolo y ha recordado la iniciativa puesta en marcha por las tres asociaciones bancarias, Aula Financiera y Digital, un portal web con todos los contenidos de conocimientos y formación financieros de las patronales y entidades.