Cristina Herrero. Foto: EDUARDO PARRA/EPMADRID (EP). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este jueves de que la deuda pública podría empezar a frenar su reducción partir de 2025 si no se adoptan medidas de corrección, de acuerdo con el nuevo Observatorio de Deuda publicado por el organismo.
En concreto, y a medio plazo, la AIReF proyecta una ralentización en el ritmo de reducción de la ratio de deuda y una estabilización en el 108,8% del PIB. A largo plazo, una vez que finalice el impulso del crecimiento por el rebote de la actividad tras el parón de la pandemia y los precios retornen a su media histórica, la ratio de deuda retomará una senda ascendente si no se toman nuevas medidas.
La AIReF ha recordado que en la zona del euro, seis países continúan con ratios por encima del 100% (Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica), situándose la zona en su conjunto muy próxima a ese valor (94,2%).
En España, la deuda registró su valor máximo (125,7%) en el primer trimestre de 2021, con un incremento de 27,5 puntos respecto al nivel prepandemia. A partir de ese punto de inflexión, se han encadenado cinco trimestres consecutivos de reducción que acumulan un total de 9,6 puntos, y que han situado la ratio en el 116,1% del PIB en junio de 2022.
Según la AIReF, esta importante reducción se produce principalmente por el efecto denominador, dado el fuerte rebote de la actividad y de los precios. De hecho, en términos nominales la deuda pública ha continuado creciendo, sumando 64.210 millones en los ocho primeros meses de 2022, hasta un nuevo máximo histórico de 1,491 billones.
Para 2023, la AIReF estima una reducción de la ratio de deuda de 6,9 puntos de PIB respecto a 2021. La reducción vendrá sustentada principalmente por el crecimiento del PIB nominal (15,3 puntos), donde el deflactor tendrá una contribución muy notable (8,8).
A medio plazo, la AIReF proyecta una ralentización en el ritmo de reducción de la ratio de deuda y una estabilización en el 108,8% del PIB. La proyección de la AIReF de un déficit primario estabilizado en el entorno del 1%, junto con un crecimiento nominal decreciente y una carga financiera que va en aumento, se traduce en una ralentización del ritmo de reducción de la ratio de deuda, que en el año 2026 será nulo.
En el Observatorio, la AIReF constata también el punto de inflexión que supone 2022 en la evolución de los costes de financiación de la deuda, que han pasado de los mínimos históricos registrados en 2020 y 2021 a subidas de más de 250 puntos básicos en todos los tramos de la curva de rendimientos.
Según la AIReF, el deterioro de las condiciones de financiación empezará paulatinamente a impactar en la evolución del servicio de la deuda, con unos intereses y amortizaciones que irán en aumento, aunque el incremento en porcentaje del PIB no será muy significativo a corto plazo.
Según la institución, una vez que finalice el impulso del crecimiento como consecuencia del rebote de la actividad tras el parón de la pandemia y los precios retornen a su media histórica, la ratio de deuda sobre PIB retomará una "senda ascendente" en un escenario sin cambio de políticas, en el que un alto nivel de endeudamiento, junto a unos tipos de financiación más elevados exigirán un ajuste estructural sostenido para mantener la estabilización de la ratio de deuda y la contención de la carga financiera.
Las simulaciones realizadas por AIReF señalan la necesidad de una reducción del déficit primario de 0,16 puntos de PIB anuales para mantener estabilizada la ratio de deuda más allá del año 2026, lo que equivaldría aproximadamente a 2.500 millones de euros, según la proyección de PIB para 2026.
"Un escenario que suponga un deterioro adicional de las condiciones de financiación supondría un incremento del déficit y de la deuda pública, o la necesidad de realizar ajustes en otras partidas de gasto o ingreso", ha advertido.
En cuanto a las comunidades, la AIReF prevé que reduzcan su nivel de endeudamiento en casi 3 puntos desde 2021, alcanzado el 23,1% del PIB en 2023. En concreto, cuatro CCAA podrían tener una ratio de deuda superior al 30% (Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña), y otras cuatro podrían situarse en el 13% (Navarra, Canarias, País Vasco y Madrid).
