Foto: EP/FERNANDO SÁNCHEZMURCIA (EP). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apreciado una "participación preeminente del fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, "en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada" a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes hacen un relato cronológico de "todas las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados" tras haberse ceñido al plazo fijado por el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, que va desde el 8 de marzo y hasta el día 14 de ese mes.
Del análisis de las comunicaciones intervenidas, los investigadores concluyen que "desde las 21:59h, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que éste se publicará".
En concreto, los agentes inciden en que "estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos".
Al hilo, apuntan que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo".
Sobre este extremo, los investigadores sostienen que dicha nota de prensa la elaboró la Fiscalía General "con los datos que se le aporta desde la Fiscalía Provincial, canalizando las órdenes a través de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y recibiendo, a su vez, la información a través de la misma".
En el marco de su informe, la UCO asegura que "quien filtra la información tiene conocimiento en el momento de realizarla de que, a pesar de que la nota está siendo elaborada por la Fiscalía General, el cauce a través del cual se hará pública será la Fiscalía de Madrid".
Los agentes concluyen que "existe una o varias personas en la Fiscalía General que están apoyando al fiscal general en los cometidos relacionados con la redacción de la nota de prensa, que no pueden ser identificadas con la información que se posee en este momento".
Así las cosas, "dada la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada", la UCO pide al juez que le permita acceder a la información incautada en el registro del despacho de García Ortiz que tuvo lugar el pasado 30 de octubre. El instructor Ángel Hurtado ha accedido este mismo lunes a la petición de los investigadores.
La UCO ha señalado además a la Fiscalía como responsable de la filtración a la prensa de la denuncia presentada contra Alberto González Amador. "En relación con esa denuncia es necesario destacar que, según se desprende de las conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp (...), será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado", afirma la UCO en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press.
Se trata del informe donde analiza el material incautado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro efectuado en su despacho el pasado 30 de octubre en el marco de la causa donde está investigada junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo les abrió causa el pasado 16 por un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración a la prensa de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.
