MADRID (EFE). Las comunidades autónomas tendrán hasta el curso 2022-23 para reducir sus precios públicos de primera matrícula de grado hasta el precio establecido por un modelo propuesto por el ministro de Universidades, Manuel Castells, con el fin de rebajar el gasto del alumnado y evitar disparidad entre regiones.
La "Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021", presentada este miércoles por Castells a las comunidades y aprobada en Conferencia General de Política Universitaria, señala que no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-20 Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.
En cambio, otras ocho comunidades (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tendrían que operar "un ajuste relativamente moderado", mientras que para Cataluña y Madrid el ajuste tendría que ser "más acusado".
El Ministerio ha reconocido que es necesario "incrementar sustancialmente" la financiación de las universidades públicas, pero ha subrayado que "no debe hacerse a costa de los escasos recursos de las familias y los estudiantes precisamente en un momento en que nos enfrentamos a una gravísima crisis económica".
La propuesta aprobada es para la reducción de los precios públicos de la primera matricula de grado y también para un precio máximo no superior al del último curso en las demás matrículas y másteres.
"Lo importante es llegar en 2022-23 a un precio máximo consensuado para cada comunidad que sea el índice de referencia en el futuro", ha recalcado el departamento de Castells en una nota.
La propuesta intenta limitar el nivel de precios por "el súbito incremento" en algunas comunidades a partir del 2011-12, al tiempo que reduce las disparidades de precios. Esa disparidad existía en 2011 pero se acrecentó "sustancialmente" -continúa el Ministerio- con los incrementos por el sistema de horquillas (el Ministerio fijaba un porcentaje máximo y mínimo a pagar por el alumno), establecido por el PP en 2012.
Ahora, se ha ideado un índice de precios tomando, como base 100, el precio medio de los créditos para toda España en 2011-12, y se han calculado los índices de disparidad de ese precio medio entre 2011 y 2019.
Se trabaja entre un índice máximo de 115 y uno mínimo de 85, es decir, aquellas comunidades cuyo índice es 85 o menor podrían mantener los precios de 2019 o fijarlos a un nivel inferior, mientras que aquellas entre 85 y 115 deberían situarse, como máximo, en el precio que tenían en 2011-12.
Una vez aprobado el nivel de precios para 2020-21, según el sistema propuesto por Castells, se considerará en el futuro que dicho nivel, para cada comunidad, se establece como precio máximo.
Universidades ha explicado el método utilizado así: el precio medio de los estudios oficiales de grado en España en el curso 2011-12 era los 16,05 euros/crédito y se toma como valor de referencia. A ese precio se le asigna un índice 100 y se calcula el porcentaje de cada comunidad con respecto a 16,05.
Por ejemplo, Madrid tenía en el curso 2011-2, 21,60 euros/crédito, lo que significa un índice 134,58.
Las autonomías con índice inferior a 115 y superior a 85 (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tienen como precio máximo para el curso 2020-21 el precio que tenían en 2011-12. Por ejemplo: el País Vasco, 16,17 euros/crédito.
Las comunidades cuyo índice es inferior a 85 (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Murcia y la UNED) pueden utilizar para el curso 2020-21 los mismos precios que en el 19-20. Por ejemplo, Murcia puede seguir poniendo como precio máximo 15,51 euros/crédito.
Lo mismo ocurre para Asturias y Galicia cuyos precios en 19-20 eran inferiores o iguales, respectivamente, a los del curso 2011-12.
Hasta ahora, con el sistema de horquillas, para los estudios de grado los precios públicos o lo que paga el alumno ha de cubrir entre el 0-25 % de los costes en primera matrícula, entre el 30-40 % en la segunda; entre el 65-75 % en la tercera y entre el 90-100 % a partir de la cuarta. Pero el pasado 5 de mayo el Consejo de Ministros aprobó derogar el sistema de horquillas. Días después, el PP llevó al Congreso una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que garantice fondos suficientes a las universidades por el nuevo sistema de tasas anunciado.