MURCIA. Formalizada la adjudicación del acuerdo marco de seguridad y vigilancia de 178 edificios públicos dependientes de la Comunidad murciana. Mediante este macrocontrato valorado en 42,5 millones, la Región se convierte en la única autonomía de España en centralizar este servicio, lo que ha supuesto un ahorro 3 millones de euros, según ha especificado el consejero de Economía, Luis Alberto Marín.
Como ya adelantó Murcia Plaza en julio, los 16 lotes del concurso se reparten entre la murciana Salzillo, la molinense Sureste y la madrileña Picseca. El acuerdo, que plantea una duración de dos años prorrogable hasta los cuatro, está conformado en su mayoría por la vigilancia de los centros sanitarios, pues representan hasta 11 de los lotes ofertados. El resto de la oferta la completan la vigilancia de los museos, consejerías y organismos autónomos, así como la labor de consejería y el mantenimiento de los sistemas de seguridad, que también formarán parte de la licitación.
Además del ahorro económico, la centralización en la Dirección General de Patrimonio de la tramitación del contrato hasta la fase de adjudicación conllevó un ahorro tanto en los costes de gestión como tiempo, al quedar todo el proceso en un único órgano de contratación que ha resuelto en ocho meses, cinco meses menos de los inicialmente estimados. Además, también ha supuesto ahorro para las empresas que han concursado y que hicieron toda la tramitación de forma electrónica.
En específico, Salzillo Seguridad ha resultado la empresa más beneficiada en esta adjudicación, pues ha mantenido sistemáticamente la mejor puntuación en todos los lotes a los que se ha presentado, lo que le ha permitido hacerse con los más lucrativos, entre los que destaca el número 2, correspondiente al Área de Salud II de Cartagena y que cuenta con un presupuesto de 6,9 millones de euros.
Asimismo, se le ha adjudicado a su vez la la seguridad de las áreas de salud de la Vega Media del Segura y del Mar Menor, así como la vigilancia de Emergencias y de los Organismo Autónomos de la Comunidad, lo que suma un presupuesto de más de 19 millones de euros. Sin embargo, el Grupo Salzillo también ha sido adjudicatario del control de accesos y portería a través de otra de sus empresas, Salzillo Servicios Integrales, ya que no se podían acumular más de cinco lotes en la misma compañía. En total, la suma asciende a los 21,8 millones.
Por su parte, el Grupo Sureste tampoco se queda atrás, pues para a ser encargado de vigilar las Áreas de Salud correspondientes a Murcia Oeste y Este, Lorca y Caravaca, a lo que se suma el lote cultural. De esta forma, el presupuesto total asciende a los 15,3 millones de euros.
En cuanto a la madrileña Pycseca, pasa a ser responsable del Área de Salud del Altiplano y de la Vega del Segura, así como del Hospital psiquiátrico Román Alberca y del centro regional de Hemodonación. Asimismo, se le ha asignado la vigilancia de los Servicios Generales y el mantenimiento preventivo de los sistemas de seguridad por un presupuesto global de 6,1 millón de euros, muy por debajo del que ostentan las dos empresas originales de la Región.
La formalización del acuerdo marco conlleva la subrogación del personal y dispone de criterios sociales de mejora de las condiciones de los trabajadores en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y de protección a trabajadores desfavorecidos y con discapacidad.
Además, se logran aportar mayores niveles de calidad en la prestación del servicio de seguridad y vigilancia como una plataforma de control a tiempo real; formación específica en seguridad hospitalaria; la asignación de un director de seguridad por centro que garantice las mejores condiciones del servicio; y una mayor facilidad de comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante hurtos, agresiones y otras incidencias que surjan en los edificios administrativos, hospitales y centros de salud.
Otras mejoras que se implantarán dentro del acuerdo marco son la instalación de la última tecnología en museos para protección del patrimonio cultural; un protocolo específico para la comprobación y aseguramiento relativo a la eficiencia energética y seguridad de la información, así como el plan en relación a la actuación y protección en caso de covid; y un nuevo análisis de riesgos y medidas a adoptar por cada uno de los centros incluidos en el acuerdo marco.