MURCIA (EFE). El último bloque de la reforma de pensiones afronta este jueves su convalidación en el Congreso de los Diputados, un trámite que previsiblemente superará con éxito con el apoyo de los habituales socios parlamentarios del Gobierno de coalición.
La reforma, centrada en mejorar los ingresos del sistema y garantizar la suficiencia de las pensiones, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y de los sindicatos, mientras que la patronal se opuso a unos cambios que conllevan mayores costes empresariales vía subida de cotizaciones, fundamentalmente para los salarios más elevados.
El real decreto ley incluye también cambios en el periodo de cómputo (los años de vida laboral que se usan para calcular la pensión inicial), que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, terminó encajando con una fórmula dual que permitirá elegir entre los 25 años vigentes o ir ampliando progresivamente hasta 29 pudiendo descartar los dos peores.
Esta solución desbloqueó uno de los puntos más complejos de la negociación, ya que tanto Unidas Podemos como otros grupos parlamentarios y los sindicatos se oponían a una extensión de este elemento tal y como pretendía inicialmente Escrivá.
Finalmente, el planteamiento ha convencido a los morados y a los sindicatos y ha allanado el camino para que los habituales socios parlamentarios del Ejecutivo, como ERC o EH Bildu, vean con buenos ojos una reforma que PP, Vox o Ciudadanos han criticado desde el inicio.
Así, aunque los populares aseguran no tener aún decidido el sentido del voto, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido esta semana en las críticas a una reforma que pospone a 2025 las "cuentas" sobre el "agujero" de las pensiones.
Feijóo también apuntó en Bruselas que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo con su reforma de las pensiones "exactamente lo contrario" que Emmanuel Macron en Francia y "seguro que uno de los dos se equivoca".
Frente a esto, los socios de la izquierda, ERC y EH Bildu, ya valoraron en el Pacto de Toledo las medidas recogidas en la norma, aunque señalaron posibles mejoras que se introducirán en la tramitación del decreto como proyecto de ley.
Desde el PNV han descartado el "no" pero ya han puntualizado que algunas medidas "ponen en cuestión la contributividad del sistema", en referencia a la cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Junto a esto, han pedido al Gobierno que cumpla sus compromisos con las cooperativas.
EH Bildu ya ha avanzado su apoyo a cambio de un acuerdo con el Gobierno para subir las pensiones mínimas de viudedad entre 2024 y 2027 -un 17 % para las individuales y del 30 % para la modalidad con cargas familiares- y equipararlas a las pensiones mínimas contributivas. Y, a petición del PDeCAT, el decreto ley ya introdujo un elemento adicional de progresividad en el recargo para los salarios más elevados.
Escrivá, que fue negociando la reforma "a tres bandas" con los grupos parlamentarios, agentes sociales y el socio de coalición, se ha mostrado confiado en que recibirá el apoyo mayoritario de los grupos en el Congreso.
Convalidar estas medidas de pensiones es clave para el cuarto desembolso de los fondos europeos, ya que se trata de uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.