María Jesús Montero. Foto: EDUARDO PARRA/EPMURCIA (EFE). Con la llegada del mes de noviembre se cumple el plazo anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para comenzar a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que los colores políticos quedan "aparcados" y cada comunidad autónoma defiende sus intereses con independencia de qué partido gobierna en cada una de ellas.
Y es que la financiación autonómica hace que se tejan curiosas alianzas entre presidentes regionales de distinto signo político, pero con intereses comunes.
La propia Montero, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, emplazó a las dos grandes fuerzas políticas, tanto al PP como a su propio partido, el PSOE, a que lograsen una posición común en el seno de cada una de ellas sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
La ministra llegó a preguntar: "¿Cuál va a ser la posición del PP, quizá en este caso la de la Comunidad de Madrid que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que con Andalucía o Galicia? Y así podría poner toda una serie de ejemplos, también en el interior de mi propia formación política".
En lo que sí hay consenso -casi el único en esta materia- es en la necesidad de abordar una modificación de la financiación de las comunidades autónomas, una asignatura pendiente desde que el actual modelo caducó en 2014.
El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, es uno de los líderes autonómicos que más tiempo lleva reclamando una reforma de la financiación autonómica y, para ello, ha hecho causa común con dos presidentes del PP, Juanma Moreno, de Andalucía, y Fernando López Miras, de Murcia.
Estas tres comunidades se consideran infrafinanciadas con el actual modelo y forman un eje mediterráneo que apuesta por remodelar el sistema de financiación autonómica de forma urgente y, mientras se alcanza un acuerdo, reclaman que se ponga en marcha un fondo transitorio de compensación que se prorrogue automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo método de financiación.
Los presidentes andaluz, valenciano y murciano sostienen que no se trata de hacer "frentismo" y que su unión no va contra nadie, sino que responde al "interés legítimo" de todos los ciudadanos, por lo que reclaman una revisión de los criterios de la denominada población ajustada y mecanismos de nivelación.
En el caso balear, la negociación del sistema de financiación autonómica coincide con la puesta en marcha de la aplicación del Régimen Especial de Baleares (REB), aprobado por el Gobierno en 2019 para compensar el factor de insularidad y por el que recibirá 183 millones de euros en 2022 (de ellos 73 como compensación por los dos años -2020 y 2021- en los que no se había aplicado).
La otra comunidad insular, Canarias, también tiene un régimen fiscal propio, pero sí pertenece al régimen común, por lo que su presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, reclama que las singularidades del archipiélago queden expresadas de forma clara dentro del nuevo sistema de financiación.
En este sentido, Torres cree que la población ajustada y las tasas de pobreza y desempleo son los parámetros que se deben tener en cuenta para reformar la financiación autonómica.
El presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha promovido una reunión en Santiago de Compostela con otros siete presidentes de comunidades autónomas: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura.
Inicialmente, la reunión se iba a celebrar este martes, 2 de noviembre, y todos los presidentes habían confirmado su participación, pero posteriormente la presidenta del Ejecutivo riojano, la socialista Concha Andreu, se desmarcó.
Tras el congreso del PSOE en Valencia, en el que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, pasó a ser secretario de Política Autonómica del partido, este pidió a Feijóo que retrasara la reunión, que finalmente se celebrará el próximo día 23.
El presidente de la Xunta subraya que esta reunión «no va contra nadie», sino todo lo contrario, pero lo cierto es que todas ellas son regiones especialmente afectadas por el envejecimiento y la despoblación, por lo que defienden que la reforma de la financiación autonómica se centre en los costes efectivos de los servicios y en las necesidades reales de gasto y, con matices, defienden mantener muchos elementos del actual sistema.
La Comunidad de Madrid presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, entiende que es la que más aporta al sistema de financiación autonómico y públicamente ha asegurado que "tiene que seguir siendo así", pero, en su opinión, "no siempre es la mejor tratada".
Ante las acusaciones de que practica "competencia fiscal" con el resto de España, Díaz Ayuso también ha esgrimido que no va a subir los impuestos a los madrileños y que "peleará por lo mejor" para la región en el debate sobre la financiación autonómica, ya que "cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le va a ir al conjunto de España".
En este sentido, la presidenta madrileña rechaza que algunas comunidades autónomas quieran tener una relación prioritaria con el Gobierno: "No se puede tratar en mesas bilaterales con los independentistas porque no se van a contentar jamás ni están buscando el beneficio del conjunto de España, cosa que nosotros sí hacemos".
El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha afirmado que el modelo actual de financiación ofrece recursos "insuficientes" para Cataluña.
No obstante, ha evitado comprometerse a constituir un frente común con otras comunidades con intereses parecidos porque el "planteamiento político de futuro" del Gobierno catalán pasa por la autodeterminación, y no por la reforma de la financiación.
"El horizonte político que nosotros planteamos es un referéndum sobre la independencia", ha recalcado Aragonès.
El País Vasco y Navarra, por su parte, no están dentro del régimen común, sino del régimen foral y con su propio concierto económico.
