El Ayuntamiento ha solicitado la asignación de un entorno de protección BIC a la Comunidad Autónoma, se reforzará la vigilancia policial, se diseñará el apuntalamiento o vallado de las zonas que puedan presentar riesgo de derrumbe.
CARTAGENA. La defensa del Castillo de Los Moros se ha convertido en una de las preocupaciones de los gobernantes de Cartagena, a tenor del deterioro y degradación del mismo, pero también han expresado su propuesta de recuperación que debe convertirse en una necesidad patrimonial y una oportunidad de regeneración urbana y social que deben perseguirse con acciones a corto y medio plano incluidas en un plan director que el Gobierno se ha comprometido a elaborar el próximo año.
El plan, orientado a objetivos patrimoniales, turísticos y de integración social, se elaborará con participación social, y tendrá su desarrollo en el correspondiente anteproyecto que se encargará al finalizar el Plan Director y establecerá los objetivos y costes de la restauración del monumento. Con esa información, el Ayuntamiento elaborará un calendario para la ejecución de la obra.
Entre tanto, el ayuntamiento elaborará un programa de acciones inmediatas de defensa legal y física de la fortaleza. Además de la asignación de un entorno de protección BIC, que ya ha solicitado a la Comunidad Autónoma, se reforzará la vigilancia policial, se diseñará el apuntalamiento o vallado de las zonas que puedan presentar riesgo de derrumbe y se planificará el mantenimiento del entorno con la conservación de las zonas repobladas y el desbroce y limpieza periódicos.
El proyecto definitivo de restauración, para el que el ayuntamiento buscará la financiación correspondiente, se complementará con acciones destinadas a la señalización y organización de itinerarios turísticos, la generación de un paseo botánico, así como con un programa social que garantice el arraigo en la zona de eventuales desalojados por el proyecto y que sean los vecinos de Los Mateos y Santa Lucía los primeros beneficiados mediante su integración social y económica.
Una moción de MC Cartagena, presentada por la edil María Dolores Ruiz, ha obtenido también el voto favorable unánime de la corporación -durante la sesión plenaria de este jueves-, en defensa de una Intervención urgente en la Batería de la Podadera, concretamente para que el gobierno local, como muestra de buena voluntad y en la defensa de un interés legítimo, reclame a la Dirección General de Bienes Culturales el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural, para evitar la destrucción del patrimonio monumental y garantizar la seguridad de las personas.
El concejal del área de Cultura, David Martínez, ha manifestado su apoyo a esta iniciativa recordando el trabajo que desde el ayuntamiento se está llevando a cabo para que Cartagena sea declarada Patrimonio de la Humanidad, teniendo muy presente la importancia de nuestras baterías y fortalezas.
El Ayuntamiento exigirá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que aborde de forma urgente un plan de mejora de capacidad de la actual línea Cartagena – Murcia, incluyéndolo entre sus prioridades de inversión y teniendo en cuenta una conexión con el aeropuerto de Corvera; y a RENFE, la inclusión del tramo Cartagena - Murcia dentro del sistema de Cercanías de Murcia y Alicante dotándolo de una mayor frecuencia de trenes.
Esta exigencia se realizará tras ser aprobada por unanimidad la moción presentada por el concejal de VOX, Gonzalo Abad.
Cartagena Puerto de Culturas tendrá que efectuar las gestiones necesarias para retirar los carteles y señalización deteriorada en los accesos a los yacimientos que gestionan, y sustituirlos por nuevos carteles que representen de manera unificada y atrayente la importancia de los yacimientos arqueológicos que representan.
Esta actuación resume la moción presentada por la concejala de MC Cartagena, Arantxa Pérez, que se ha aprobado en pleno con los votos a favor de los ediles del gobierno, MC y Unidas Podemos IU-Verde Equo, y la abstención de Vox.
La adjudicación asciende a 50.880 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 9 meses