Las protestas contra el biogás en diversos municipios han causado gran sorpresa en el Gobierno de López Miras, que este verano se autoproclamó campeón mundial de la sostenibilidad, tras afirmar que tenía previstas 40 plantas para la región con apoyo de la patronal gasista y fondos europeos.
Ni el presidente autonómico ni los alcaldes metaneros podían imaginar el alboroto causado por los pueblos que no quieren camiones cargados de purines que aturden las narices del vecindario. Nadie quiere vivir al lado de cámaras de biogás. Nadie se sacrifica por la transición hacia una economía descarbonizada, resiliente y ecofeminista. Y es que, pese al gasto en educación afectivo-ecológica, resultan insoportables los olores del paraíso de la sostenibilidad.
¿Pero qué es el biogás? Es un gas renovable que se obtiene mediante el tratamiento (digestión anaerobia) de residuos orgánicos de diversa procedencia. Las zonas con un potente sector primario tienen los recursos para la generación de esta energía alternativa. Por tanto, la Región de Murcia está definida como "área de transición justa" para la fabricación de gases renovables (biogás y biometano) usando purines de granjas, residuos de vertedero, biomasa forestal y lodos de depuradoras.
"En un plan de soberanía energética cabe el biogás siempre que la ubicación de las plantas sea compatible con el bien común y no arruine al campo"
La Unión Europea quiere gastar mucho dinero en biometano para reducir la dependencia del gas natural ruso. Según las cuentas de la patronal, el sector en España necesita inversiones de 40.000 millones de euros, un 3,6% del PIB, para generar 21.000 empleos, y con ello se podrá producir biogás suficiente para sustituir hasta un 10% del gas de origen fósil consumido en 2030. Las tres plantas murcianas en tramitación van a generar 75 empleos directos, pero las 40 estimadas tienen capacidad para dar 3,47 TWh de metano y 356 puestos de trabajo.
Todo esto sugiere una meditación sobre el coste de oportunidad. Pensemos que el trasvase del Ebro costaba únicamente 5.000 millones de euros y que el trasvase Tajo-Segura genera 100.000 empleos. Desde esa perspectiva el balance de la transición energética es un mal negocio para nuestra Patria: desvía los millones al metano a cambio de algunos puestos de trabajo subvencionados, pero perdemos la seguridad que sólo proporciona un verdadero Plan nacional "integrado" de energía y agua, con un sistema de embalses reversibles para la generación hidroeléctrica y trasvases para el regadío.
Dicho esto, el biogás ha pillado desprevenido al Gobierno regional, que no tiene un plan para su implantación, a diferencia de otras autonomías con diversas estrategias para ubicaciones preferentes y todo lo referente a la generación y destino del biogás que van a producir. La llegada de la industria de los gases renovables a nuestra región (biogás, biometano e hidrógeno verde) reclamaba una dirección más acertada en lugar de tanta incertidumbre y desinformación.
En el debate sobre el biogás los partidos de izquierda piden un referéndum en cada pueblo, destrozan la seguridad jurídica de las inversiones y desmienten el Pacto Verde para lograr los objetivos de descarbonización. Por su parte, el Partido Popular, asegura sentirse obligado por la Hoja del Biogás de Pedro Sánchez para tener fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Únicamente VOX dice que la política de biogás es una invitación para rebuscar energía en el cubo de la basura para un mercado (cautivo) forzado a comprar certificados verdes como si fueran bulas para ir al cielo de la sostenibilidad progresista.
Los planes para el biogás (PNIEC, Hoja de Ruta, RePowerEU) parecen panfletos de propaganda del acuerdo de París, con su guillotina de terror climático afilada para los refractarios negacionistas. Y, por si fuera poco, también hay un laberinto burocrático para autorizar proyectos de gases renovables. Los casos de éxito están dominados por grandes corporaciones, con acceso a los despachos de consejeros y alcaldes, dejando de lado iniciativas de menor escala, más adecuadas para una política de agricultura familiar que lamentablemente tampoco existe en la Región de Murcia.
Es urgente separar el mito de la realidad en el biogás. Todo apesta a maniobra para atrapar fondos europeos al margen de las necesidades energéticas. En torno al biogás hay un montaje regulatorio y fiscal que obliga a producir y consumir un recurso marginal que no soluciona la demanda de un sistema eléctrico al borde del colapso. La carrera alocada por las renovables (placas solares, molinos de viento y plantas de biogás) nos ha llevado a una época de apagones y a presupuestos atravesados de gasto político. La factura inflada de la transición ecológica nos hace improductivos, poco competitivos y además espanta nuevas inversiones intensivas en consumo energético.
El futuro pertenece a los patriotas que eviten el cierre de nucleares y activen un sistema nacional de trasvases turbinados y embalses reversibles que den agua y energía abundante y barata para todos los españoles. En un plan nacional de soberanía energética también cabe el biogás derivado de residuos agropecuarios y la fracción orgánica de la basura urbana e industrial, pero siempre que la ubicación de las plantas sea compatible con el bien común y no arruine al campo español, necesitado de soluciones para evitar el abandono o la sustitución demográfica.
Antonio Martínez Nieto
Diputado de Vox en la Asamblea Regional
Presidente de la Comisión Legislativa de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Agricultura y Agua
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