El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Foto: EP MURCIA. Tras conocerse los pormenores del acuerdo entre Junts y el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los empresarios de la Región, a través de la patronal Croem, han expresado su repulsa ante "una forma de hacer política que antepone intereses partidistas y personales a los generales, que pertenecen a todos los ciudadanos".
El reciente anuncio de los pactos alcanzados por el presidente de Gobierno en funciones para asegurar apoyos de cara a la próxima sesión de investidura es buena muestra de ello, inciden. Además, aseveran que este acuerdo cuenta con el agravante de que incumple las más elementales normas de la convivencia que consagra la Constitución Española: "No se ha respetado la separación de poderes, deslegitimando al judicial. A cambio, se ha legitimado a un prófugo de la Justicia como interlocutor. Y se ha dado un trato privilegiado a determinados territorios en detrimento de otros".
En este sentido, subrayan que el agravio comparativo entre regiones está alcanzando cotas inadmisibles y que se ahonda la diferencia, convertida en algunos casos en abismo, entre comunidades autónomas. Por ello, recuerdan que al grave problema de infrafinanciación que sufre la Región de Murcia se une su déficit histórico en materia hidrológica y de infraestructuras, "sólo corregidos en parte y mal". No se ha atendido nunca la petición para alcanzar grandes acuerdos nacionales entre los partidos constitucionalistas de España y corregir así esos desequilibrios.
"Además, y también por la primacía del interés personal sobre el general, en la España de 2023 la mesa del diálogo social parece no existir. Se alcanzan acuerdos de parte por decreto, sin vincularlos al deseable debate entre Gobierno y agentes sociales. Esto ha provocado la subida del SMI sin contar con el empresariado o la revisión de la jornada laboral, también pactada fuera de la citada mesa. Es una forma de hacer política profundamente antidemocrática", apuntan desde Croem.
Finalmente, los empresarios de la Región de Murcia consideran gravísimo aplicar una amnistía a personas condenadas por delitos contra el Estado, lo que supone dinamitar la separación de poderes y establecer baremos distintos entre la ciudadanía, en el más reprobable ejercicio de irresponsabilidad por parte de un Gobierno.
"Los españoles dijeron alto y claro el pasado 23 de julio cuál era su deseo. Otorgaron su confianza a los habituales partidos mayoritarios, no a formaciones nacionalistas y separatistas que quieren amenazan la unidad de España y de mercado", sentencia la patronal murciana.
