La patronal, indignada por las medidas del Gobierno que "criminalizan" al empresario

MURCIA. La patronal murciana CROEM ha rechazado lo que califica como "indignantes" medidas laborales adoptadas por el Gobierno de España porque, asegura, que "criminalizan" al empresario e impiden la recuperación económica.

Según la Confederación, estas medidas "van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen tomadas a espaldas de la realidad que viven miles de empresarios y trabajadores en España por culpa de la pandemia".

Critica además que el Gobierno diga que son temporales "cuando lo que estamos viviendo ahora mismo no es una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial".

Dos de esas medidas, la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales son para CROEM "insultantes y ofensivas. No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchas casos, no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar".

A juicio de CROEM, el planteamiento "es un ataque directo a la figura del empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria que está matando a miles de personas en España, para despedir a trabajadores".

"Es una amenaza más que un aviso para que la empresa no extinga un contrato temporal cuando la naturaleza de esta relación contractual marca claramente un principio y un fin con independencia de las circunstancias sobrevenidas", añade.

Según se desprende de lo dicho por la ministra de Trabajo, advierte CROEM que el contrato temporal "se deja en suspenso con los perjuicios que ello conlleva para la empresa. Es evidente que la señora ministra, y todo el Gobierno con el presidente a la cabeza, que es el avalista último de estas medidas, desconocen la realidad que está padeciendo la empresa", agrega.

"Estas medidas suponen una restricción para las empresas, porque no es verdad que en todos los casos la situación sea temporal. Hay pedidos y trabajos que se van a perder necesariamente", remarca.

"No se trata de un mero paréntesis de la economía como pretenden hacer creer y además se obliga a las empresas a mantener empleos durante seis meses, cuando en muchos casos no va a ser posible", asevera.

"Este no es el camino a seguir, ni mucho menos. Estas decisiones perjudicarán el equilibrio económico y la salud de las cuentas públicas y aumentarán considerablemente el déficit, además de reducir de forma drástica la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país. Más aún cuando miles de empresas y autónomos están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial", apunta.

"No es adecuado plantear más parón de la actividad y no es de recibo que se vuelva a ignorar la mesa de diálogo social con la adopción de unas medidas que parecen dirigidas por las centrales sindicales, obviando a la parte empresarial", concluye.