La patronal de la construcción, "preocupada" por el "llamativo retraso" en la tramitación de los ERTE

MURCIA. La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) ha manifestado su "enorme preocupación" por el "llamativo retraso" en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia, según han informado fuentes de la organización en un comunicado.

La patronal ha advertido de que "estamos muy lejos del resto de regiones en cuanto a porcentaje de resolución de expedientes, incluso por detrás de algunas en las que se han presentado muchos más", y ha lamentado que esta situación genere "inseguridad jurídica" en las empresas del sector.

Además, la Federación ha criticado "la publicación de anuncios por parte del Gobierno Regional destinados a la puesta en marcha de comisiones de trabajo para elaborar planes de recuperación" porque, a su juicio, "lo que necesita la economía" de la Región "son medidas reales e inmediatas".

"No es el momento de destinar recursos a auditorías, consultorías y profesionales independientes vinculados a las distintas administraciones autonómicas", ha señalado Frecom, tras insistir en que "mientras el tiempo pasa, la economía cae y no se ponen en marcha medidas para mitigar el efecto de la COVID-19". En este sentido, ha considerado que "debe haber menos tramitación de planes y más aplicación de medidas reales a día de hoy".

Por otra parte, Frecom ha remitido una carta a la delegación del Gobierno, a las consejerías de Fomento y de Empleo, a la Confederación Nacional de la Construcción y a Fundación Laboral solicitando que aclaren "si las mascarillas que deben llevar los trabajadores deben cumplir unos requisitos determinados o si se adecuan a las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad".

La patronal también ha solicitado a esos organismos que den información de empresas que suministren material de protección en un periodo de tiempo razonable, para abrir el abanico de suministradores.

Los empresarios de Obra Pública han solicitado que se requiera a la Administración para que reanude las licitaciones y levante las suspensiones de los contratos, como ocurre, según han asegurado, en otras comunidades autónomas.