La marea agro de la Región saca músculo sin colapsos y mira a Europa: "La Agenda 2030 nos arruina"

MURCIA. Bocinazos, banderas de España, pancartas de apoyo al campo y reparto de miles de kilos de verduras. De esta forma se manifestaron este miércoles por las calles del centro de Murcia centenares de agricultores para exigir soluciones ante sus principales problemas: la subida de costes de producción, la diferencia de los precios entre origen y destino, la excesiva burocracia que pide Europa y la competencia desleal de terceros países. Y lo hicieron con una invasión que no provocó los temidos colapsos de tráfico pero en la que los productores sacaron su rabia y llegaron a tirar cajas de limones y tomates frente a la Delegación del Gobierno.

Al contrario de las que colapsaron la Región hace dos semanas, estas protestas fueron convocadas por las organizaciones COAG, UPA y ASAJA. Y los dirigentes de estas lograron tras reunirse con la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, el compromiso de que esta intentará que tengan una reunión con la ministra Ribera. El encuentro con Guevara se produjo tras un plante de los más de 250 vehículos agrícolas que entraron en Murcia, según datos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ante la sede del ente gubernamental. 

Desde las 10 de la mañana, los agricultores empezaron a pie se concentraron en Avenida Teniente Flomesta, donde se instaló un sistema de megafonía desde el que se informaba, por un lado, de las reivindicaciones de la protesta y, por otro, de las grandes diferencias entre los precios que los agricultores cobran por sus productos en origen y el precio máximo que los consumidores abonan por ellos en los supermercados.

Esas diferencias de precios llegan a multiplicarse "por 300, por 500 y hasta por mil", según denunciaba el secretario general de ASAJA en la Región de Murcia, Alfonso Gálvez. Como ejemplos se puso el limón (0,17 euros en origen y 1,99 como máximo en el supermercado), la naranja (36 céntimos en origen frente a 1,89 euros en el super), la acelga (0,60 euros en origen, 2,82 euros en tienda), la patata (0,37 euros en el campo y 2,10 para el comprador) o la calabaza (0,37 en origen y 1,99 en la compra), entre otros muchos.

Mientras, las manifestaciones se estaban llevando a cabo con relativa calma. Hasta la una de la tarde. Cuando se produjo el plato fuerte de las protestas con el lanzamiento de cajas llenas de limones y tomates en la puerta de la Delegación, bloqueando así el tráfico en ambos sentidos. Como consecuencia de la 'limonada' y de la entrada por Gran Vía, el ambiente se caldeó, y los cuerpos de seguridad intervinieron para impedir que que los agricultores colocaran una pancarta en la verja de la Delegación. 

De hecho, una mujer de mediana edad fue detenida tras arrojar un limón al cordón policial que protege la sede. El arresto se produjo alrededor de las 13.30 horas cuando la mujer cogió uno de los limones que habían esparcido por el suelo los manifestantes en los accesos al organismo público y lo lanzó al otro lado de la valla que protege el acceso a la Delegación, donde un dispositivo policial custodia esta jornada el edificio.

Las decenas de tractores y vehículos agrarios comenzaron a retirarse de las inmediaciones de la Delegación del Gobierno central en torno a las 16 horas, dentro del horario previsto. Además, los vehículos y los manifestantes que continuaban en el lugar comenzaron a abandonarlo después de la reunión que mantuvieorn los responsables regionales de COAG, José Miguel Marín; UPA, Marcos Alarcón, y ASAJA, Alfonso Gálvez, con la delegada del Gobierno central.

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez, se mostró convencido de que esta protesta marcará "un antes y un después" en las negociaciones del sector agrario con el Ministerio y pidió a su titular, Luis Planas que, si no se sienta a negociar, se marche y deje paso "a alguien que conozca del tema".

Por su parte, el presidente de Proexport, Mariano Zapata, confió también en que tras estas protestas, el Gobierno central cambie la actual "normativa asfixiante" que dificulta la producción agraria, por lo que insistió en la necesidad de que las instituciones escuchen al campo.

Mientras, para Alarcón, la ley de Cadena Alimentaria es "un instrumento legal privilegiado" que debería incluso extenderse al resto de países de la Unión Europea, pero para que sea efectiva, ha advertido, precisa de la colaboración "de todas las administraciones", también la autonómica, para que se puedan cumplir esas condiciones de cobertura de los costes de producción. Pero todos coincidían tal como se podía leer en una parcarta portada por un agricultor que "la Agenda europea 2030 arruina al campo".