MURCIA. El 2021 dará la bienvenida a una nueva Ley de Educación, la octava de la democracia española, una norma duramente criticada y ante la que se han rebelado varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. El nuevo año también podría traer una nueva Ley de la Formación Profesional, siendo este ámbito una de las prioridades del Gobierno de coalición.
Este año 2020 dejará, por tanto, el terreno preparado para la llegada de la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá'. Esta Ley recoge el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado", así como la consideración de "lenguas vehiculares" tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica. El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la 'Ley Wert' de 2013.
Sin embargo, la oposición ve con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica ha suscitado que el PP, Cs y Vox hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la 'Ley Celaá'.
Y ha provocado que los tres partidos, en especial el PP, hayan puesto en marcha una serie de acciones para no tener que aplicar la nueva Ley de cara al siguiente curso. Por ejemplo, el PP pretende intentar "parar los estragos" y aspectos más "lesivos" de la norma en las comunidades donde gobierna.
De momento se sabe que para sortear la Ley, según recordó el presidente de los 'populares', Pablo Casado, que la Comunidad de Madrid adelantará el plazo de inscripción para los alumnos; en Galicia "seguirá el castellano siendo vehicular" en la enseñanza; en Murcia se darán "más posibilidades" a los conciertos educativos; en Castilla y León no se permitirá pasar de curso con varias materias suspensas; y en Andalucía se va a "garantizar la libertad de elección de centro".
Con respecto al tema de los procesos de matriculación en las comunidades autónomas, tanto la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, confirmaron que dependiendo de cuándo diesen inicio éstos (antes o después de aprobarse la LOMLOE), estos se regirían por una norma u otra. Es decir, aquellos territorios que aprobasen antes de la aprobación de la 'Ley Celaá', la resolución sobre este tema, se regirían por la LOMCE, la 'Ley Wert'.
Además de una nueva Ley educativa, el 2021 podría traer una nueva Ley de la Formación Profesional. El pasado 20 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pretensión del Ejecutivo de aprobar una nueva Ley encaminada a reforzar la formación dual y que se tramitaría tras la aprobación de la LOMLOE. Según aseguran a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación y FP, el Gobierno pretende que esta Ley quede aprobada en 2021.
La pandemia de coronavirus ha marcado enteramente este 2020, especialmente en el ámbito educativo. El terreno de la Educación fue uno de los primeros en reaccionar a la llegada del SARS-CoV-2 en España. En la semana del 9 de marzo, las comunidades autónomas empezaron a decretar el cierre de los centros educativos ante la rápida transmisión del patógeno en sus territorios, convirtiéndose el cierre en generalizado en toda España a finales de esa semana. El sábado 14, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaría el decreto del estado de alarma en todo el país.
Con el confinamiento de toda la población en sus casas y las restricciones a la movilidad, los colegios, institutos, universidades y otros centros educativos tuvieron que adaptarse en un tiempo récord a la enseñanza online para poder continuar con las clases. Tanto en colegios, como institutos, universidades y otros centros educativos.
La pandemia puso así en evidencia las dificultades de muchos niños para poder adaptarse a esta situación, poniendo en el centro del debate la conciliación laboral, la brecha digital y los recursos de cada familia para poder seguir con una educación de calidad no presencial.
Por esto mismo, el Ministerio de Educación y FP publicó una orden que estableció que la repetición de curso durante el tercer trimestre del curso y el inicio del siguiente debía ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia, que mantenía por entonces suspendidas las clases presenciales, pudiese "perjudicar" al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza online, permitiendo a las comunidades autónomas competentes "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes".
Ya en septiembre, esta misma medida se materializaría en un Real Decreto-Ley, que delimitó a "la duración de la situación excepcional derivada de la pandemia originada por la COVID-19", la aplicación de las medidas que recogía.
"La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato", decía el texto, que generó las críticas de sindicatos y otros sectores de la educación no universitaria.
Asimismo, la pandemia puso de manifiesto las carencias tecnológicas y digitales de la enseñanza en España, motivando la apuesta del Gobierno por la digitalización de la educación, que puso en marcha el programa 'Educa en digital' con una movilización de 260 millones de euros, que permitiría la distribución de 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet a los alumnos más vulnerables.
Dado que la docencia no se paralizó, la EVAU (la antigua Selectividad) tampoco. La Selectividad de 2020 estaba prevista inicialmente a principios de junio en todas las comunidades autónomas, pero el estado de alarma, que decretó el cierre de todos los centros educativos el 16 de marzo, obligó a retrasar la fecha de las pruebas, que finalmente tuvieron lugar a finales de junio y en las dos primeras semanas de julio.
Los exámenes se realizaron con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitasen mantener dos metros de distancia entre estudiantes. Y otra de las novedades fue el formato de las pruebas, que incluyeron más opciones de respuesta.
