tiempos para la reflexión / OPINIÓN

La financiación de las comunidades y su realidad socioeconómica

27/11/2023 - 

MURCIA. El mapa recoge la financiación de las comunidades autónomas en el año 2021, según el informe realizado por FEDEA. En él se puede constatar que la Región de Murcia es la peor financiada por el Estado, con unos ingresos que se sitúan en el 90,8% de la media nacional, lo que le ha restado capacidad para poder cumplir con sus obligaciones como Comunidad. Rn consecuencia, la deuda de la Región de Murcia a mediados de 2023 ha aumentado hasta superar los 12.000 millones de euros.

La Región ha carecido de los recursos financieros necesarios para poder afrontar las actuaciones que precisaba para poder poner en valor todas sus potencialidades y, en consecuencia, su realidad hoy es que se encuentra entre 15 y 18 puntos por debajo de la media nacional en renta y PIB por habitante.

 

A esta deuda, acumulada por la insuficiente financiación, se suma la deuda generada por el continuo retraso en la incorporación de la Región a los grandes ejes de comunicaciones, tanto viarios, como ferroviarios, portuarios y aeroportuarios, lo que ha condicionado y retrasado su pleno desarrollo. Esta situación se produce a pesar de formar parte del Arco Mediterráneo Español y de contar con una situación geoestratégica clave en la fachada mediterránea. Como consecuencia se ha producido una pérdida continuada de oportunidades que debe ser compensada por el Estado.

La Región sigue esperando que el Gobierno nacional cumpla el PITVI 2012-2024 y se realice su conexión ferroviaria directa con el centro y norte peninsular. Esto se debe realizar a través del desdoblamiento en ancho europeo y electrificación del corredor ferroviario con Albacete para pasajeros a 250 km/h y un tercer carril para las mercancías. Igualmente, sigue parado el corredor ferroviario del mediterráneo para las mercancías en Monforte, a pesar de haber publicado su estudio en el BOE.

"la primera ley de esta Legislatura debe recoger que en ningún caso los ingresos por habitante podrán diferir en más o en menos del 5% de la media nacional"

La conexión de Cartagena y Lorca en Alta Velocidad sigue esperando, al igual que la conexión con Andalucía. El nuevo puerto de El Gorguel sigue esperando su declaración de interés nacional y España y la Región están perdiendo una gran oportunidad para conformarse como la puerta de entrada de las mercancías a la Unión Europea, ofreciendo así una alternativa a los puertos del norte y apoyando realmente el medio ambiente.

El cuadro que sigue recoge la realidad de las comunidades autónomas en el año 2021 en población, PIB, renta disponible bruta por habitante y deuda, así como los porcentajes de financiación autonómica según FEDEA, lo que nos permite constatar las diferencias entre unas Comunidades y otras. Aunque, evidentemente, no se puede comparar a la Región con el País Vasco y Navarra, dado que estas comunidades tienen transferida la gestión de los impuestos y pagan al Estado el denominado cupo, resultado de su negociación con el Gobierno nacional, por lo que no se conocen dichos datos.

 

Entre las de régimen común, las comunidades con una menor financiación según el informe de FEDEA son Castilla-La Mancha, con el 95% de la media nacional; Andalucía, con el 94,3%; la Comunidad Valenciana, con el 92,1%; y la Región de Murcia, con el 90,8%; comunidades que también se encuentran por debajo de la media nacional en renta disponible bruta de los hogares por habitante. Esta situación no es justa y, por tanto, es urgente su modificación, dado que afecta directamente a la disponibilidad de recursos para la prestación de los servicios que han de prestar a los ciudadanos.

Afrontar y resolver esta situación es responsabilidad del Gobierno nacional, y debe ser la primera ley que se apruebe en el Parlamento en esta nueva Legislatura. Así, debe recoger expresamente que en ningún caso los ingresos por habitante, incluidas las de régimen Foral, podrán diferir en más o en menos del 5% de la media nacional. Asimismo, debe incluir que la deuda generada por la menor financiación de estas comunidades desde el año 2009 hasta su modificación sea asumida totalmente por el Estado para, al menos, compensar los recursos no recibidos, aunque nunca se podrá compensar la perdida de oportunidades de desarrollo.                                    

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