Foto: Juanchi López.CARTAGENA. En la última feria inmobiliaria de la Región, 'Reside', el consejero de Fomento de la Región mencionó uno de los grandes retos a los que se enfrentan las instituciones en materia de vivienda. "Debemos poner en marcha medidas para facilitar el acceso a este sector de población, que es el más demandante de vivienda, ya que son los jóvenes los que suelen lanzarse a la compra de vivienda para empezar su proyecto de vida", manifestó José Ramón Díez de Revenga. Pese a que la Región de Murcia se sitúa como el tercer lugar más factible tanto para comprar casa (33,1%) como para alquilar (51,8%), los problemas para acceder a una vivienda para los jóvenes de la Región, tanto en alquiler como de compra, conforman una tormenta perfecta: salarios bajos, escasez de oferta inmobiliaria y precios desorbitados.
Según datos del Instituto de la Juventud, la cifra de personas de 16 a 29 años que residen fuera de su hogar de origen en la Región de Murcia ha disminuido un 24,16% en apenas un año. Este retroceso de la emancipación residencial se debe en buena medida a un empeoramiento significativo de la situación de los jóvenes en el mercado laboral. La Región soporta una de las tasas de empleo más bajas de España entre la población joven de 16 a 34 años, además de una muy elevada tasa de paro. La población joven ocupada presenta unos altos porcentajes de subocupación, jornadas parciales y temporalidad. Esta vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral se refleja en un débil poder adquisitivo, que dificulta las posibilidades de comprar o alquilar una vivienda libre.
Esta incapacidad para acceder a una vivienda tiene consecuencias sociales y económicas, según recoge otro informe elaborado por el Instituto de la Juventud en 2020 en el marco de la Agenda 2030, según el cual "la juventud se ha visto excluida del derecho a la emancipación y al ejercicio de una vida autónoma". El mismo informe refleja que los jóvenes se emancipan con 29,5 años, pero si en 2010 un 53,3% de jóvenes entre 18 y 34 años vivía aún con sus padres, el porcentaje subió en 2019 hasta el 64,5. A ello se agrega la "imposibilidad de acceder a una vivienda estable siquiera en régimen de alquiler" cuando la vivienda en propiedad, "que constituye un complemento a la pensión del que disfruta la inmensa mayoría de la tercera edad de nuestro país, está vedada de facto a toda nuestra juventud, lo que añade aún mayor incertidumbre a su futuro".
"Me gustaría avanzar que estamos trabajando intensamente para culminar un legado muy importante, que es una modificación de la Ley del Suelo. Queremos evitar la paralización de la actividad urbanizadora por defectos de forma en el trámite", señaló recientemente Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en un encuentro inmobiliario organizado por el diario Expansión. "Somos conscientes de los grandes tiempos para la concesión de licencias de obras que todos padecemos en el trámite municipal y suponen un sobrecoste y ralentizan todas las promociones. Estamos estudiando opciones que ayuden a las comunidades autónomas y ayuntamientos, sin quitar garantías, con nuevos instrumentos a los que puedan acogerse para poner en práctica en materia de urbanismo", añadía. Un problema que las instituciones deben solucionar cuanto antes.
La falta de suelo es uno de los retos a los que se enfrenta el sector. Según informan desde Apir, la patronal de promotores inmobiliarios de la Región, el número de viviendas acabadas es superior a las iniciadas, lo que muestra un problema de oferta que empuja los precios al alza, dificultando el acceso a la vivienda de muchos sectores de población. Entre estos sectores la población joven es la principal perjudicada. "Sigue habiendo más demanda que oferta", apuntan desde las inmobiliarias. "Apenas se ha construido en los últimos años. Esto afecta especialmente a la gente joven, que se tiene que ir a localizaciones más periféricas para poder encontrar una vivienda que puedan afrontar", añaden.
