MURCIA. Sabido es que la democracia no solo consiste en el Gobierno de la mayoría social, sino también, y especialmente, en la protección de las minorías. Un sistema político en el que la mayoría, por amplia que fuese, explotase y oprimiese a las minorías no podría ser calificado de democrático. Ahora bien, una cosa es respetar a las minorías y otra muy distinta, y totalmente antidemocrática, es que las minorías impongan sus criterios a la mayoría. Y eso es justo lo que está ocurriendo en España cada vez en mayor medida. Una serie de minorías, respetables en tanto que tales, se han crecido tanto que han logrado que se promulguen leyes, o se amparen actitudes, contrarias a la mayoría social.
Un caso que lo ejemplifica bien es el de los llamados delitos de odio. Según una interpretación de la ley que regula esos delitos, solo lo comete quien actúa con odio contra un grupo minoritario o discriminado. Ante la sorpresa del Tibio, ningún grupo político ha alzado la voz (¿ni siquiera la Vox?) contra la barbaridad que supone decretar la impunidad de las agresiones a la mayoría social o a grupos no discriminados. Un ejemplo. El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia según la cual no han cometido delito de odio unos turolenses que se alegraron públicamente de la muerte de dos guardias civiles. ¿Y por qué no es delito esa obvia manifestación de odio a la Guardia Civil? Porque la Guardia Civil no es un grupo discriminado. O sea, podemos insultar, agraviar y desear la muerte de los miembros de la Guardia Civil sin que nada nos pase.
"la ley de delitos de odio, redactada de tal modo que impone una autentica dictadura de las minorías"
Más acertados estuvieron los magistrados del Supremo cuando sentenciaron que habían cometido un delito de odio los cinco separatistas catalanes que destrozaron un tenderete en Barcelona de la selección española de fútbol y agredieron a las jóvenes que la gestionaban al grito de "¡putas españolas, os vamos a matar, putos españoles de mierda, iros a vuestro país, hijos de puta!". Y el Supremo no los condenó por su incongruencia lingüística al hablar a la vez de putas españolas y de hijos (no hijas) de puta. ¿En qué quedamos? Admitamos que, por imposición de los gobiernos separatistas catalanes con la continúa complicidad de los socialistas catalanes, en gentes que no han estudiado castellano en la escuela eso es disculpable. En vez de por incompetencia lingüística, el Supremo los ha condenado por considerar que había odio; contra un grupo mayoritario en España, cual es el de los españoles españolistas, pero odio lo había.
El mismo odio que llevó a ETA a asesinar a centenares de personas en plena democracia (según Pablo Iglesias, el de Podemos, eran héroes). Bueno, pues ahora llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) y sentencia que nuestro Supremo se equivocó: no comete delito de odio el separatista que agreda a mujeres españolas al grito de putas españolas. ¿Por qué? Porque las españolas no son un grupo discriminado, ni minoritario. ¿Y las putas? En opinión del Tibio las putas son un grupo minoritario y discriminado, de modo que el TDEH debería haber mantenido el delito de odio, no por tratarse de una agresión a españolas (que son caza legítima, como los guardias civiles), sino en su condición de presuntas putas. Pues no, los magistrados han eximido de delito a los agresores separatistas.
A estas alturas está claro que el problema no son lo magistrados, sean españoles o europeos, sino la ley de delitos de odio, redactada de tal modo que impone una autentica dictadura de las minorías. Y lo mismo se ve en el caso de las agresiones sexuales. Como se nos ocurra criticar a algún violador "racializado", nos pueden dar la del pulpo. Si informas de que un español ha violado a una marroquí, no te pasa nada, pero como informes, caso más frecuente, de que un marroquí ha violado a una española (o incluso a otra marroquí), la del pulpo. Se trata de otro ejemplo de dictadura de las minorías: los inmigrantes presentes en España no solo están protegidos por las leyes, sino que esas leyes discriminan a la mayoría que formamos los nativos.
Además de que toda una gama de leyes está imponiendo la dictadura de las minorías, la actitud pasiva, cuando no cómplice, de nuestros gobernantes, está causando graves perjuicios a la mayoría e incluso a la nación española. Pongamos otro ejemplo de dictadura de las minorías. En Barcelona acaban de expulsar de su trabajo a una enfermera gaditana porque se quejó burlonamente de que le exigiesen el nivel máximo de lengua catalana para ejercer su trabajo. Y lo más doloroso del caso ha sido que la fue la propia UGT la que propició el despido. Ha pasado de Unión General de Trabajadores a Unión General de Separatistas. ¡Qué vergüenza! Las agresiones a los que hablan castellano en Cataluña se suceden sin pausa y nadie castiga a esos opresores separatistas porque, en el conjunto de España, los que hablamos español somos mayoría.
No solo eso, y ahora viene lo de perjuicio a la nación. Nada menos que cinco relatores de la ONU han pedido explicaciones al Gobierno español por la persecución la que somete a los separatistas catalanes, entre ellos a Rovira, la de Izquierda Republicana de Cataluña. ¡Tócate los chipirones! Resulta que IRC gobierna en Cataluña y ese partido es socio del Gobierno español. Resulta que Rovira estaba acusada de sedición y prevaricación por haber contribuido a declarar la independencia de Cataluña y que el gobierno español propició la eliminación del delito de sedición para beneficiarla. Y resulta que hay fundadas sospechas de que Rovira fue una de las promotoras del Tsunami Democrático, que cometió violentos desmanes en Cataluña tras la sentencia que condenó a los separatistas sediciosos.
Y, a pesar de todo eso, la ONU nos pide explicaciones y nos acusa de perseguir injustamente a Rovira et al. Y todo porque, a pesar de que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Gobierno español, los que nos gobiernen consienten, y apoyan, que la Generalidad esté creando una extensa red de 'embajadas' cuya principal misión es atentar contra los intereses de España. Y, además, está dilapidando (posiblemente malversando) ingentes cantidades de dinero público para untar a todo tipo de periodistas extranjeros, diplomáticos y relatores de la ONU para ganarlos para su causa contra España. Lo dicho, una autentica dictadura de las minorías, de la que son cómplices nuestros gobernantes. Y aún lo llaman desinflamar. En el próximo Pasico, la dictadura de la minoría ecologista radical. Y luego la de los okupas.