Foto: VINCENT ISORE/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTOMURCIA (EFE). Aunque la crisis de la vivienda es un problema social y político de primer orden en la mayoría de los países europeos, en Grecia el panorama es incluso más desolador, ya que el país aún no se ha recuperado del todo de las consecuencias de la crisis de la deuda de 2010-2018.
Un 28 % de los hogares griegos dispuso en 2023 más del 40 % de sus ingresos en costos de vivienda frente a una media del 10,7 % de los hogares en el resto de la Unión Europea (UE), según datos publicados este mayo por Eurostat, la oficina de estadísticas europea.
Además, desde 2018 los alquileres han subido un 37 % frente a un incremento medio del 18 % en el resto de los países comunitarios.
"Los precios han vuelto a los niveles de 2009-2010, han recuperado todo el terreno perdido durante los años de crisis financiera", cuenta a EFE Lefteris Potamianos, presidente de la asociación de agentes inmobiliarios de la región capitalina de Ática.
Según Potamianos, en las ciudades griegas es difícil encontrar una vivienda que se alquile por menos de 10 euros por metro cuadrado.
En el barrio de Victoria en Atenas, por ejemplo, uno de los más populares y baratos de la capital, se alquilan apartamentos de 55 metros cuadrados por unos 550 euros.
Y en otros barrios, más acomodados, como el de Pagrati, el precio puede llegar hasta los 20 euros por metro cuadrado. Pero los precios no se han disparado solo en la capital griega.
Korina Flevari, una periodista de 29 años, tuvo que abandonar en abril pasado la ciudad de Salónica, la segunda de Grecia, y regresar a vivir con sus padres cerca de Atenas por no llegar a fin de mes.
La joven pagaba unos 350 euros por un apartamento de 40 metros cuadrados y aunque, según dice a EFE, el precio no era tan alto en comparación con los demás alquileres en Salónica, no lo podía pagar cobrando unos 750 euros brutos al mes, el salario mínimo hace un año.
"No podía pagar mi alquiler y no llegaba a fin de mes tomando en cuenta también las facturas de electricidad, los gastos del supermercado y mis demás responsabilidades", señala Flevari.
Grecia está en el penúltimo puesto de la UE respecto al poder adquisitivo de sus ciudadanos solo por delante de Bulgaria, según datos de Eurostat, con un PIB por cápita en términos de poder adquisitivo al 67 % de la media de la UE.
Los precios para alquilar o comprar una vivienda han aumentado durante los últimos años en Grecia mucho más que en otros países europeos.
Según Potamianos, esto se debe principalmente a un "desequilibrio" entre demanda y oferta, ya que hay una gran falta de apartamentos disponibles, lo que conduce al aumento de los precios.
Según un estudio realizado en febrero pasado por el Banco Piraeus, en el mercado hay un déficit de unos 212.000 inmuebles, lo que se explica porque el ritmo de aumento de los precios de compra y de los alquileres no es proporcional al incremento de los ingresos.
Este déficit se debe parcialmente al aumento de las propiedades que son destinadas al arrendamiento a corto plazo en plataformas como Airbnb o Booking, aunque ese es un factor importante más bien en las zonas más turísticas y en términos generales no es el principal problema, según Potamianos.
El agente inmobiliario resalta que existen miles de inmuebles "estancados" que no se hacen disponibles en el mercado, ya que no pueden ser renovados por sus propietarios, mientras que otros han sido confiscados por los bancos pero tampoco se hacen disponibles debido a lentos procedimientos burocráticos.
El Gobierno calcula que existen unos 770.000 inmuebles vacíos no disponibles en estos momentos.
El primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, anunció en junio una serie de medidas para atajar la "crisis de la vivienda", entre las que destacan subvenciones estatales a propietarios de inmuebles vacíos con el fin de darles incentivos para renovarlos y ponerlos al mercado para arrendamiento a largo plazo.
Ante la crisis, el líder conservador decidió también en abril subir los mínimos requeridos para obtener el llamado ‘visado de oro’, el permiso de residencia a ciudadanos no europeos a cambio de una inversión en bienes inmobiliarios, que ahora deberá ser de entre 400.000 y 800.000 euros, en lugar de 250.000 a 500.000 euros.
