Reunión del Consejo Asesor Regional del Agua. Foto: CARMMURCIA. Habrá disputa en los tribunales. El Gobierno regional no se quedará de brazos cruzados ante la propuesta del Consejo del Agua del Tajo, que ha decidido aumentar el caudal ecológico del río más largo de la Península Ibérica -lo que se traduce en menos agua para el Segura-. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, reunida este miércoles con el Consejo Asesor Regional del Agua, ha anunciado que recurrirá a la Justicia para frenar el plan hidrológico. Este planteamiento, cuya validación queda ahora en manos del Gobierno central (en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica), se traduciría en un recorte de los envíos de agua a través del Trasvase de 105 hectómetros cúbicos (78 hm3 para regadío y 27hm3 para agua urbana).
Esta decisión ha sentado como una bomba en la Región de Murcia, que se rebela contrariada. "Es una burla al sentido común", declaraba Lucas Jiménez, el presidente del Scrats. Incluso el PSOE regional ya ha manifestado su oposición a ese plan. Alcaldes socialistas como el murciano José Antonio Serrano y el lorquino Diego José Mateos han expresado su rechazo. "Llegaremos hasta el final" con las alegaciones, dijo el regidor de Lorca, quien además forma parte del Consejo Asesor del Agua.
Y la Comunidad también irá hasta el final, pero en su caso activando la vía de la Justicia. El Gobierno regional presentará presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Plan del Tajo "para impedir la plena consumación de este disparate", tal y como anunció el consejero de Agua, Antonio Luengo, quien arguyó que la medida "no está fundada en otros argumentos que los políticos, ya que desde el punto de vista técnico y medioambiental no tiene justificación alguna".
No sería la primera vez que la Comunidad acude a los tribunales. Hasta la fecha, según ha podido recontar este diario, son ya 10 los recursos presentados a cuenta de los recortes que el Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado en los últimos años. Sin embargo, este último paso es, a juicio del consejero murciano, es "uno de los atentados de mayor alcance de cuantos se han perpetrado contra el Trasvase". Es, añadió, "un paso determinante hacia su desmantelamiento y contra el desarrollo de la Región de Murcia y de su sector agrícola". El Ejecutivo confía en que estos mecanismos judiciales actúen, ya que "se han presentado en tiempo y forma ese recurso contencioso-administrativo".
Según los cálculos de la Consejería basados en cifras de la CHS (que depende del Ministerio), el nuevo plan no sólo implica una disminución en los envíos del Tajo al Segura de 105 hectómetros cúbicos anuales, sino que además conllevaría "la desaparición de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío, 5.000 empleos y 122 millones de euros en valor de producción". Los caudales recortados serían sustituidos, "según proyecta el Gobierno de la nación, por aguas procedentes fundamentalmente de la desalación, con el sobrecoste que conllevaría, aparejado al incremento en las emisiones de dióxido de carbono", señaló Luengo.
El diagnóstico es oscuro para la Consejería: las consecuencias del recorte de los envíos de agua representa para toda la Región, y no sólo para los regantes una catástrofe desde un punto de vista social, económico y ambiental". Luengo adujo también que "todos los planes de cuenca de España se han flexibilizado, excepto el del Tajo", y agregó que el presidente López Miras remitió el pasado 27 de abril una carta a la ministra Ribera, y poco antes al presidente del Gobierno, solicitando la revisión de los caudales ecológicos por un organismo público que determinara nuevamente las cifras, sin respuesta.
Luengo igualmente remarcó que la actividad agrícola de todo el Levante se verá afectada por el cambio de reglas del Trasvase, ya que "aporta en la actualidad más de 3.000 millones de euros al PIB". No en vano, más de 100.000 empleos dependen del agua de esta infraestructura "y, gracias al trasvase, la Región, Alicante y Almería producen alrededor del 70 por ciento de la exportación nacional de hortalizas y un 29% de la de frutas, utilizando solo un tres por ciento del agua de regadío de España".
"El Gobierno regional va a seguir defendiendo, como ha hecho siempre, los intereses de la Región de Murcia", enfatizó Luengo al tiempo que lanzó un mensaje en pro de "la unidad de todos los habitantes de la Comunidad, agricultores y regantes, en la defensa de aquello que es necesario y justo y que tenemos derecho a recibir como el resto de españoles, porque no podemos consentir que el Gobierno de España siga recortándonos las oportunidades de desarrollo y crecimiento".
El consejero también comentó a los miembros del Consejo del Agua que esta situación viene de lejos: "El Ejecutivo regional "dio la voz de alarma, hace cuatro años, sobre la intención de Pedro Sánchez de eliminar el Trasvase y ha puesto sobre la mesa todos los medios a su alcance para evitarlo, pero también advertimos de que era un plan bien urdido, en el que se han ido dando todos los pasos precisos para llegar a este punto, y se seguirán dando si no logramos impedirlo".
