MURCIA (MP / EFE). Cuando parecía que se ponía fin a un conflicto de 44 años, el proyecto de Puerto Mayor vuelve a dar quebraderos de cabeza al Gobierno regional. La Comunidad ha declarado nulo el acuerdo que adoptó en octubre y reiniciará el expediente para dar por caducada la concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo. El objetivo, explicó la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, es instruir de nuevo el informe para "blindar legalmente" la prescripción concedida por el Estado en 1975. La Comunidad quiere reforzar su argumentación jurídica para responder al recurso de reposición que presentó la empresa.
La petición de la caducidad de la concesión se basará "no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente" por parte de la concesionaria para construir un puerto para 900 embarcaciones. Solamente cambiará "cambiará la determinación del plazo de notificación de la resolución".
El pasado mes de octubre, el Consejo de Gobierno dio por caducada la concesión 44 años después de su concesión y tras más de tres décadas de luchas judiciales. La decisión fue recurrida por la empresa concesionaria, de los herederos de Tomás Maestre. Ante ese recurso, la Comunidad ha decidido revocar el acuerdo y reiniciar el expediente para, una vez concluya el trámite administrativo, exigir la restitución del estado original de la zona y la retirada de las tablestacas, las pantallas de acero que se instalaron en su día para sostener la infraestructura portuaria.
La Comunidad ha detectado "divergencias en la determinación de la legislación aplicable en este caso para notificar la resolución de caducidad". Martínez Vidal ha defendido que el proyecto pertenece a un "modelo de desarrollo obsoleto" y que, por tanto, debe seguir el proceso abierto para liberar a la zona de esa presión y evitar así los recursos interpuestos por la empresa promotora.
La concesión de este proyecto se produjo en 1975 y el puerto como tal comenzó a ejecutarse en 2004, aunque las obras fueron paralizadas un año después en los tribunales. Esta concesión tenía por objeto la construcción y expropiación de un puerto deportivo por un plazo de 50 años en La Manga del Mar Menor, dentro del término municipal de San Javier. Tras diversos procedimientos judiciales, la Justicia dictamina que la Comunidad revise de oficio la ampliación de plazo para la ejecución de las obras, y esta concluye que no es procedente.
Recientemente, el grupo ecologista ANSE ha denunciado un "retraso intencionado y negligente" por parte de la comunidad autónoma a la hora de dictaminar la caducidad del proyecto y ha lamentado que las tablestacas serán cada vez más difíciles y costosas de retirar y tendrán peores consecuencias ambientales para la zona.
El Ejecutivo regional, explican, "sigue adelante con la caducidad de la concesión de Puerto Mayor que tiene como fin liberar la zona de los condicionantes derivados de un proyecto planteado para otros tiempos y otros modelos de desarrollo y turísticos que han demostrado estar obsoletos".