MURCIA (EFE/EP). La abstención de Vox ha permitido convalidar en la Asamblea Regional el decreto ley de mitigación de los efectos del coronavirus en materia medioambiental, que posibilita a las empresas aumentar en más de un 30% las emisiones y convierte a los ayuntamientos en órganos ambientales, pero que podrá modificarse al apoyar todos los grupos que se tramite como proyecto de ley.
El decreto se ha convalidado en la Asamblea Regional con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox y se tramitará finalmente como proyecto de ley, una propuesta que ha partido de PSOE, Podemos, Ciudadanos y VOX y que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Según este decreto, durante el proceso de aprobación de sus planes urbanísticos, los ayuntamientos de la Región podrán realizar de manera simultánea su evaluación ambiental. El cambio no incidirá en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que ya tenían que llevar a cabo procesos de evaluación ambiental simplificada.
Durante el pleno de la Cámara autonómica, PP y Cs han apoyado la norma porque compatibiliza la protección del medio ambiente con la agilización de la tramitación de los proyectos empresariales, mientras que Vox ha criticado al Gobierno regional por abusar del uso del decreto ley y PSOE y Podemos han rechazado una norma que elimina controles ambientales.
La norma refleja que las instalaciones que ya cuenten con una autorización ambiental podrán pedir una ampliación no sustancial de las mismas sin necesidad de solicitar una nueva licencia, teniendo el visto bueno en un plazo máximo de 30 días y sin requerir una nueva evaluación ambiental si no hay un incremento de más de un 30% de emisiones.
En su intervención, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha aclarado que este aumento no supone superar los valores límite de emisión permitidos ni la introducción de nuevos contaminantes y que se circunscribe a los proyectos que ya cuentan con evaluación.
Además, el decreto ley capacita a los ayuntamientos a ser organismos ambientales en materia de planteamiento urbanístico y están capacitados para realizar informes de impacto ambiental, dando la posibilidad a los municipios de menos de 20.000 habitantes a suscribir un convenio con la consejería de Medio Ambiente para que este departamento a realizar esta tarea.
Sin embargo, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha advertido de que esta norma puede ser inconstitucional, no cuenta con el respaldo de los ayuntamientos y permitirá "contaminar más" y aumentar los problemas de salud y "mortalidad". En la misma línea se ha mostrado la diputada de Podemos María Marín, quien ha emplazado a Luengo a dimitir por poner como "excusa" la pandemia de coronavirus para continuar con sus "políticas ambientales" que "paga favores" a la patronal Croem.
Desde la bancada de Vox, su portavoz, Juan José Liarte, ha justificado su abstención porque la norma es "muy insuficiente" para terminar con el "laberinto de burocracia", al tiempo que ha denunciado las "presiones" por parte de "sectores de la economía murciana" que no ha concretado para que apoyara el texto presentado por el ejecutivo.
El mismo resultado de la votación ha tenido la convalidación del decreto ley de supresión, obligado por una directiva de la UE, de una disposición adicional de la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia que obligaba a tener un trabajador en las estaciones automáticas de servicio.
Tras la votación de estas dos iniciativas, la sesión, que había comenzado con el habitual minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la pandemia, se ha interrumpido para realizar en la puerta del parlamento regional un acto de homenaje similar convocado por el Gobierno central.
Tras la reanudación, la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha asegurado que la comunidad no ha ratificado el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación porque el Gobierno central pretendía que los docentes aprobarán de forma “general” al alumnado sin un correspondiente “sustento legislativo”.
Moreno ha reprochado al ministerio la falta de “instrucciones claras”, la ausencia de debate y no haber consensuado las medidas con la comunidad, además de no acompañarse por un marco normativo, lo que deja a los docentes “en un absoluto desamparo legal”.
Por otra parte, el teléfono de emergencia 112 recibió se "colapsó" durante las primeras semanas del confinamiento a causa del coronavirus, por lo que el Gobierno regional tuvo que poner en marcha el teléfono de información sobre esta dolencia, de forma que descongestionara este servicio para atender emergencias, según ha apuntado la consejera del ramo, Beatriz Ballesteros.
Por otro lado, el pleno ha convalidado el decreto ley que suprime la obligación de que exista personal atendiendo en las gasolineras, algo que se había aprobado en la Comunidad en el año 2015. La convalidación del decreto ley ha salido adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox.
La consejera de Transparencia ha explicado que la decisión de suprimir esta obligación son "razones jurídicas". La Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Gobierno nacional para manifestarle que con este tipo de normativas "se vulnera una directiva de 2006 relativa a los servicios del mercado interior".
Ballesteros ha dicho que la Comisión Europea expone que "no se puede prohibir un determinado de negocio y que falta justificación de la necesidad de la medida para la protección de los consumidores, de los discapacitados y de la seguridad". En ese sentido, se procede también "a una restricción de la libertad de establecimiento del modelo de estación de servicio automática que ha dado tan buenos resultados en otros países y que consigue precios más bajos para los consumidores".
Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Manuel Sevilla considera que con la aprobación de este decreto se pone en riesgo el empleo de más de 1.500 empleados en la Región. "Van a hacer que proliferen las gasolineras fantasma y desatendidas y pondrían a los pies de los caballos a estos empleados", ha dicho añadiendo que también se dificultará que 117.000 personas con problemas de movilidad pudieran repostar sus vehículos.
Podemos se ha manifestado en el mismo sentido, su diputada María Marín, aunque ha dicho que si se incumple lo que solicita la Unión Europea "esto podría generar sanciones para el Estado".
El portavoz deVox, Juan José Liarte considera que "quien arriesga todo lo que tiene para levantar un negocio no debería permitirse que el Estado viniera a decirle qué modelo de negocio tiene que poner". A su juicio, las gasolineras de autoservicio afectan a la creación de empleo y "bajan la calidad del servicio", no obstante se han abstenido en la votación porque es una demanda de la Unión Europea.
Por parte de Ciudadanos, Valle Miguélez ha manifestado que ambos modelos de estación de servicio "deben coexistir" y considera que el consumidor podría beneficiarse de "precios más bajos y de tener una mayor oferta".
Finalmente, desde el PP, Mari Carmen Ruiz ha matizado que el incumplimiento de la disposición europea conllevaría la imposición de "altas sanciones" que podrían llegar a los 600.000 euros diarios.