MURCIA. Un estudio liderado por el CSIC y con participación de investigadores de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) en el que se ha tomado Almería como modelo señala que la agricultura intensiva de invernadero a gran escala se presenta como una amenaza para las zonas áridas dado que dicho modelo productivo daría lugar al agotamiento de los recursos hídricos, su degradación cualitativa --por contaminación e intrusión marina--, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación por microplásticos y el aumento de las emisiones de carbono en la región.
Así se desprende del estudio publicado en la revista Water Resources Management efectuado a través de investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), en el que se apunta que las zonas áridas se caracterizan por su "pobre balance hidrológico" ya que "llueve poco, de forma muy irregular y la alta radiación solar hace que se evapore mucha agua".
"Tradicionalmente son lugares poco desarrollados, pero cuentan con una serie de características como inviernos suaves y muchas horas de sol que los convierte en regiones con un alto potencial agrícola", ha trasladado el centro en una nota. La explotación de las aguas subterráneas que albergan, junto a una serie de factores tecnológicos y políticos, ha convertido a muchas de estas zonas "en lugares de prosperidad, hasta el punto de adquirir la denominación de 'milagro económico'", han recordado.
Así, han advertido de que existe un interés recurrente por parte de los países europeos que consumen frutas y hortalizas producidas en el sur de Europa en conocer los efectos sobre el medioambiente de su producción.
La demanda de productos frescos en los mercados europeos tiene, en primera instancia, un "enorme impacto en las reservas de aguas subterráneas del sureste peninsular". "Sin embargo, se trata de un asunto con muchas más aristas e impactos, cuyo análisis de aborda en este trabajo", ha indicado el investigador de la EEZA-CSIC, Jaime Martínez Valderrama.
"Nuestro estudio, que toma como ejemplo la agricultura de invernadero de Almería, muestra que el peaje social y ambiental de un desarrollo tan rápido como desordenado (sobre todo en su primera fase) puede convertir el milagro en un hecho efímero", ha añadido Martínez Valderrama, quien ha observado que "el paulatino agotamiento de los recursos hídricos, su degradación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plásticos, son la cara menos amable de un negocio que busca propulsarse con inversiones cada vez mayores".
Con ello, apunta que "esto genera deudas y desigualdades sociales, que a su vez llevan a la intensificación de un modelo de producción que busca bajar los costes de producción a toda costa. El resultado es un agronegocio dependiente de recursos externos (energía, fertilizantes, mano de obra, capital) que lo sitúa en una posición de creciente dependencia y vulnerabilidad".
El estudio señala además que este es un patrón que se observa en otras zonas áridas del mundo, como Perú, el norte de África, el noroeste de China o Arabia Saudí, por lo que "comprender estos mecanismos es clave para proponer soluciones, que van desde la búsqueda de recursos hídricos alternativos hasta la reducción de la superficie de cultivo, la búsqueda de cultivos mejor adaptados a la aridez o ampliar los márgenes de ganancia de los agricultores".
"En muchos casos el foco del problema se centra en los productores y los lugares de producción, donde son aparentes los daños. Sin embargo, es importante considerar toda la cadena de producción y repartir responsabilidades. No debemos olvidar que esa pertinaz búsqueda de la reducción de los costes de producción viene espoleada por consumidores y cadenas de distribución cuyo objetivo es comprar al precio más bajo posible", concluye Martínez Valderrama.
Este estudio ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Proyecto Sumhal LifeWatch ERIC, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de los fondos NextGenerationEU (proyecto Atlas), de la Generalitat Valenciana, del Fondo Social Europeo, y del Ministerio de Ciencia e Innovación. También ha contado con participación de un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Alicante, la Universidad Católica de Murcia y la Universidad Politécnica de Madrid.
