Foto: JORGE GIL/EPMADRID (EP). KPMG ha propuesto un nuevo mecanismo para el cálculo de las tasas que Adif cobra a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) por el uso de las vías de tren públicas, que haría necesario el pago por parte del Estado de subvenciones en el caso de que se quieran conseguir los objetivos de subir más personas al tren para contaminar menos.
La consultora ha realizado esta propuesta a petición de los dos operadores privados, Iryo y Ouigo, aunque con capital público extranjero, en el caso de la primera italiano y en la segunda francés.
Hasta la entrada de la competencia, Renfe ha tenido que aplicar unos precios altos a los billetes de tren de alta velocidad para asegurar su viabilidad económica y hacer frente a las tasas que le cobraba Adif, que a su vez las aplicaba para asegurar su rentabilidad y la de las inversiones en la infraestructura.
Ahora, los nuevos operadores han pedido rebajas en estas tasas para poder competir y, al mismo tiempo, beneficiar a los viajeros con precios más asequibles, algo que ha arrastrado a todo el sistema, incluida Renfe, a vender billetes de alta velocidad desde 7 euros.
Sin embargo, según han admitido los firmantes del estudio, alcanzar los objetivos de aumento de demanda probablemente supondrá la necesidad de entregar subvenciones públicas a Adif para que esta pueda cobrar menos tasas a los operadores y haya más viajeros en los trenes.
La justificación de esta medida es que las inversiones de alta velocidad en España nunca tuvieron unos objetivos claros de demanda, ya que también se hicieron por otras causas no económicas como pueden ser la cohesión territorial o la reducción de emisiones contaminantes.
La fórmula para el cálculo de estas tasas, llamadas cánones, está determinada por la legislación europea, que requiere que el canon permita cubrir el coste del paso del tren por una línea ferroviaria, un tarifa de acceso mínimo a la que se le puede sumar una adición que cubra también otros costes indirectos de Adif.
Las condiciones para que se pueda implementar esta adición es que el mercado lo pueda aceptar, es decir, que no suponga una reducción de viajeros por aumentar el precio, y que se respete la competitividad y la rentabilidad de los operadores y respecto a los otros medios de transporte.
La propuesta de KPMG es que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realice un estudio en el que se incluyan los objetivos de demanda, algo que nunca se ha hecho, y que los cánones se vayan adaptando a estos objetivos.
Pero esta adaptación en ningún caso debería superar un incremento superior al 5% respecto a las previsiones iniciales. Así, si ese límite supone un déficit para Adif, se renovaría el convenio entre esta entidad y el Ministerio para activar esas subvenciones.
