El juez del 'caso Villarejo' levanta la imputación de Sánchez Galán por los encargos de Iberdrola al comisario

MADRID (EP). El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha levantado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos ilegales que hizo la eléctrica al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, al considerar que los hechos con los que se le vinculaba han prescrito.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha estimado la petición formulada por la defensa de Sánchez Galán, hasta ahora investigado por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil cometido por particular.

El instructor expone en su auto, dictado este mismo jueves, que la presunta participación de Sánchez Galán en los hechos investigados "comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009" y fue imputado en 2021, por lo que el plazo de prescripción de diez años se habría superado.

"No cabría opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad y, con ello, decretar el sobreseimiento libre" para Sánchez Galán, concluye.

El magistrado incide en que "la contundencia" de la resolución dictada el pasado 3 de junio por la Sala de lo Penal, que archivó la causa para el ex jefe de Gabinete de Sánchez Galán Rafael Orbegozo, apreciando de oficio la prescripción de los delitos que se le imputaban, "no deja margen de actuación".

García Castellón recuerda que Sánchez Galán únicamente estaba investigado por los proyectos 'Arrow', que se habría desarrollado entre 2004 y 2006; 'Black Board' o 'BB' (2004 y 2005); y 'Gipsy' y 'Posy' (2009).

'Arrow' habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz), mientras que el cometido de Villarejo en 'Black Board' habría sido conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Con 'Gipsy' el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, habría tenido que investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que podía mediar el pago de comisiones ilegales. Y con 'Posy' las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con el presidente de ACS, Florentino Pérez.

En un escrito del pasado viernes, Sánchez Galán volvió a pedir a García Castellón que le dejara fuera de sus pesquisas apoyándose, precisamente, en el dictamen de la Sala de lo Penal sobre Orbegozo, una petición que finalmente ha visto colmada después de que otras solicitudes similares fueran desestimadas "de forma reiterada", conforme apunta el propio juez.

Archiva para otros dos exdirectivos

Aplicando el mismo razonamiento, García Castellón también ha archivado las pesquisas para los ex directivos de Iberdrola José Luis San Pedro y Juan Carlos Rebollo, a los que investigaba por un delito de cohecho y otro de coacciones contra el ex 'controller' José Antonio del Olmo.

El instructor ha apreciado asimismo que el delito de cohecho habría prescrito porque a san Pedro y Rebollo solo se les relacionaba con 'Arrow', que habría concluido en 2006 y ambos fueron imputados en 2020, habiéndose excedido igualmente el plazo de diez años.

No obstante, respecto al delito de coacciones contra Del Olmo, que en un informe de 2004 les habría señalado como conocedores de las presuntas irregularidades en las contrataciones con CENYT, aclara que no estaría prescrito pero que al decaer el otro ya no podría seguir investigándolo la Audiencia Nacional.

Así, García Castellón acuerda que, una vez que este auto sea firme, se remita esa parte de la causa contra San Pedro y Rebollo al juzgado que sea competente para indagar en estas presuntas coacciones a Del Olmo.

Con sus últimas decisiones, que incluyen el archivo para otros ex directivos de Iberdrola, el magistrado ha ido desbrozando esta pieza separada número 17 donde investiga los encargos ilegales que la compañía habría hecho a Villarejo desde 2004 y por los que el comisario se habría embolsado más de un millón de euros.