Irregularidades en las licitaciones públicas en España: un problema persistente

MURCIA. Históricamente las licitaciones públicas han sido una herramienta crucial para la distribución de recursos estatales, permitiendo a los gobiernos contratar servicios, adquirir bienes o ejecutar obras públicas. Siempre han estado bajo el escrutinio público y en los últimos años, marcadas por numerosos escándalos que revelan un problema estructural de corrupción y malas prácticas.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia y la eficiencia en la contratación pública, las irregularidades siguen siendo la gran mancha en la gestión de los recursos del Estado. Los casos de corrupción aparecen en todos los niveles del proceso de licitación, desde la manipulación de los pliegos de condiciones para favorecer a ciertos participantes, hasta la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a intereses políticos. Grandes puertas giratorias existen con actos que no solo representan una pérdida económica significativa, sino que también obstruyen y perpetúan la desigualdad de oportunidades limitando la competencia justa.

Hay una larga lista de grandes casos con irregularidades en contratos públicos que todos conocemos y estamos hartos de ver en los medios de comunicación, casos que afectan a todos los colores políticos y a todos los niveles y sectores. Tomo como ejemplo los 3 siguientes en cuanto a licitaciones se refiere sin entrar a valorar otros aspectos de los hechos imputados:

Adjudicación de Material Sanitario durante la COVID-19 (2020-2021): Durante la pandemia, las adquisiciones de emergencia de mascarillas, respiradores y equipos de protección personal estuvieron plagadas de irregularidades. Se adjudicaron contratos a empresas sin experiencia en distribución de material sanitario, resultando en la entrega de productos defectuosos, algunos incluso carecían de certificación sanitaria, retrasos en la entrega y precios hasta triplicados, bajo el amparo de la emergencia sanitaria.

"Los casos de corrupción aparecen en todos los niveles del proceso de licitación, desde la manipulación de los pliegos de condiciones para favorecer a ciertos participantes, hasta la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a intereses políticos"

Caso Acuamed (2016): Este escándalo involucró a varios directivos de la empresa en un esquema de fraudes en licitaciones y adjudicaciones públicas alterando contratos para favorecer a empresas privadas a cambio de sobornos. Se inflaban los precios de los contratos y manipulaban las adjudicaciones para beneficiar a grandes constructoras a cambio de altas comisiones. Alteraban informes técnicos justificando sobrecostes para evitar sanciones a empresas privadas involucradas en los fraudes. Existieron contratos fraudulentos relacionados con grandes proyectos hidráulicos, como desaladoras y obras de abastecimiento de agua en la cuenca mediterránea.

Más lejano en el tiempo encontramos el Caso Nóos (2010), donde las licitaciones fraudulentas fueron uno de los elementos clave de este caso. Iñaki Urdangarin, junto a su socio Diego Torres, utilizó su posición familiar para que el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que ellos dirigían, obtuviera contratos públicos de manera irregular sin pasar por los procesos de licitación habituales o manipulándolos. Las adjudicaciones no siguieron los procedimientos legales de contratación pública, ya que muchas veces se otorgaban directamente o bajo condiciones favorables para Nóos, simularon competencia fantasma y crearon informes ficticios para justificar los pagos.

Grandes casos que reflejan la gravedad y persistencia de las irregularidades en las licitaciones públicas en España y han saltado a la prensa por ser cifras millonarias. Pero a menor escala también se pueden encontrar situaciones con similares estrategias que perjudican a quien quiere participar en una licitación cumpliendo todos los requisitos exigidos en los pliegos administrativos y técnicos.

A pesar de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y otros esfuerzos por mejorar la transparencia, el problema sigue sin resolverse. Se requiere un mayor compromiso institucional para promover la transparencia, implementar auditorías en tiempo real y garantizar que organismos como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) cuenten con los recursos necesarios para supervisar adecuadamente estos procesos.

En mi opinión después de años liderando un departamento de licitaciones, las irregularidades en las licitaciones públicas en España son un problema persistente que requiere una acción decidida y coordinada. Es fundamental promover una mayor transparencia en todo el proceso, esto incluye no solo la publicación de los pliegos y la adjudicación de contratos sino también una auditoría exhaustiva en tiempo real a la ejecución de los proyectos y un cumplimiento de lo firmado en la adjudicación.

"Se requiere un mayor compromiso institucional para promover la transparencia, implementar auditorías en tiempo real"

Solo mediante la implementación de reformas estructurales, el fortalecimiento de los mecanismos de control y una mayor implicación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública se podrá garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos. Aunque soy consciente de que el interés o incluso la naturaleza humana lo harán harto y difícil de conseguir sigamos o no en-palma-dos.

Rocío Belloso Arnau 

Directora de Expansión de la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva