Foto: EP MADRID (EFECOM). Los ingresos del primer pago abonado en febrero del gravamen extraordinario sobre las entidades de crédito correspondiente a 2023 se dispararon un 32,3 %, hasta los 843 millones de euros, ante los beneficios récord obtenidos por los bancos españoles el pasado ejercicio.
Los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda revelan un importante incremento de la recaudación de este gravamen temporal, recurrido por las patronales bancarias y que el Gobierno tiene la intención de convertir en un impuesto permanente.
El gravamen bancario -inicialmente previsto para los ejercicios 2022 y 2023, pero extendido a 2024- grava con un tipo del 4,8 % el margen de intermediación, es decir, los intereses netos (diferencia entre los que cobra y los que paga) y las comisiones netas (diferencia entre las cobradas y pagadas).
En su primer año en vigor -el ejercicio 2022, abonado en 2023-, la banca española pagó 1.264 millones por este tributo, sobre todo por los desembolsos de CaixaBank (373 millones), BBVA (225 millones), Santander (224 millones), Sabadell (157 millones) y Bankinter (77 millones).
Ahora, en 2024 la banca tiene que abonar las cantidades correspondientes al ejercicio 2023, en el que las cinco mayores entidades de crédito lograron unos beneficios récord de 26.088 millones de euros, un 27,2 % más.
Este impacto ya se observa en el primer pago a cuenta del gravamen del ejercicio 2023, abonado en febrero de este año y que supone la mitad del total, por el que se recaudaron 843 millones de euros, un 32,3 % más. El pago restante se liquidará en septiembre.
Por el contrario, la recaudación del primer pago correspondiente al ejercicio 2023 del gravamen temporal energético se redujo un 25 %, hasta los 612 millones, en línea con la caída de los beneficios sufrida por estas compañías en comparación con un ejercicio 2022 marcado por los altos precios energéticos.
En el ejercicio 2022, cuando las empresas energéticas registraron beneficios récord, la recaudación del tributo -que grava al 1,2 % la facturación las actividades no reguladas y cuyos plazos coinciden con los del bancario- alcanzó los 1.645 millones de euros.
Los gravámenes extraordinarios, aprobados inicialmente para los ejercicios 2022 y 2023 y posteriormente extendidos a 2024, se convertirán en permanentes en virtud del acuerdo de investidura alcanzado por PSOE y Sumar y según han mantenido repetidamente desde el Gobierno.
Para ello, los gravámenes tendrán que pasar a ser impuestos, lo que exige que cuenten con una ley propia, aprobada en las Cortes, cuyos trámites aún no se han iniciado.
Al mismo tiempo, el Gobierno acordó con el PNV que ambos tributos se cederían a las haciendas forales -País Vasco y Navarra- y que se establecería una bonificación o incentivo en el gravamen energético para las inversiones estratégicas, en particular las que tengan impacto en la transición ecológica, ya desde 2024.
En ese sentido, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza en aprobar tanto las leyes de creación de los impuestos como la bonificación este año, aunque tanto Sumar y Bildu se muestran contrarios a este incentivo.
Más allá de los gravámenes, el informe de recaudación de febrero de la Agencia Tributaria ofrece información sobre el impacto de otras medidas de política económica, como la reducción del IRPF para rentas bajas, que en los dos primeros meses del año restó 484 millones en ingresos -en el conjunto de 2023 restó 1.726 millones-.
La rebaja del IVA de los alimentos redujo en 442 millones la recaudación, lejos de los 1.703 millones de todo el pasado año.
Por el contrario, el nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables aportó 48 millones en esos dos meses -591 millones en todo 2023- y la recuperación del impuesto especial sobre la electricidad, 54 millones.
