MURCIA (EFE). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará antes de abril el informe que evalúa el impacto de la reforma de las pensiones en los ingresos del sistema, un análisis clave para ver si es necesario activar la "cláusula de cierre" y tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad.
Según se proyectó en la reforma de 2022 y se ha desarrollado en un real decreto cuyo trámite de audiencia pública concluyó el pasado mes de diciembre, este informe deberá estar emitido antes del 1 de abril de 2025, un paso que se repetirá cada tres años.
El Ministerio de Inclusión ha fijado así una fecha que ya se apuntó en la reforma, a la vez que ha detallado lo que deben considerarse como ingresos del sistema en un informe clave para ver si es necesario tomar nuevas medidas.
Así, por ejemplo, se menciona expresamente que deben considerarse como ingresos las transferencias que el Estado hace a la Seguridad Social vía presupuestos generales.
También se indica que se deben tener en cuenta otras medidas que aumenten el número de las personas obligadas a cotizar, así como las reformas del mercado de trabajo que puedan incidir en el fortalecimiento de los ingresos del sistema público de pensiones.
Los datos de este informe, centrado en evaluar la pata de los ingresos, se deben cruzar con los de gasto para ver si es necesario activar esa cláusula de cierre, una salvaguarda de carácter trienal en aras de seguir evaluando la sostenibilidad del sistema.
La reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, desarrolló un amplio paquete de medidas que van desde un aumento de los ingresos vía cotizaciones, hasta mayores incentivos para extender las carreras laborales o penalizaciones por anticipar el retiro.
El objetivo de la reforma, avalada por Bruselas y consensuada con patronal y sindicatos, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y busca mantener la sostenibilidad del sistema especialmente complicado en las próximas décadas con el mayor gasto por la jubilación de la denominada generación del "baby boom".
Del lado de los gastos, el texto del proyecto señala que se deben utilizar los supuestos macroeconómicos y demográficos que se hayan establecido en el último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea "cuando no se disponga de datos observados".
Esos datos, precisa, deberán ser proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la AIReF.
El citado informe de envejecimiento arrojó una previsión de gasto en pensiones que apuntaba a que España tendría que ajustar un desfase en el sistema del 0,8 % del PIB, equivalente a 11.695 millones de euros, un cálculo provisional que se cerrará con el informe de la AIReF.
El cruce de ambas variables (proyección del gasto e impacto de las medidas de ingresos) dirá si es necesario tomar medidas adicionales activando la cláusula si la diferencia entre ambas supera el 13,3 % del PIB.
Si se da ese caso, el Gobierno deberá negociar con los agentes sociales medidas para que no se supere ese porcentaje que volverá a evaluar la AIReF.
Las medidas podrán ir por el lado de los ingresos -con aumento de las cotizaciones sociales u otra fórmula alternativa-; de los gastos, con una reducción del gasto en pensiones en porcentaje de PIB; o una combinación de ambas.
Finalmente, el Gobierno aprobará un proyecto de ley que contenga las medidas y lo remitirá a las Cortes Generales.
Si no lo hace, la reforma prevé un incremento automático en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo finalista incluido en la reforma y destinado a aumentar el fondo de reserva, la denominada "hucha de la pensiones", de cara a la jubilación del "baby boom".
El citado real decreto en tramitación también desarrolla algunos aspectos sobre las inversiones realizadas con el fondo de reserva.
En concreto, regula la determinación de los valores que han de constituir la cartera del fondo de reserva, los grados de liquidez de la misma, el régimen de disposición de los activos que la integran y demás actos de su gestión financiera.
También determina que las dotaciones realizadas vía presupuestos, así como lo recaudado por cotizaciones, se ingresarán en una cuenta específica del fondo en el Banco de España y se podrán invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de liquidez.
La reforma estableció que los ingresos del MEI irían a este fondo de reserva, que terminó el año pasado con unos 9.300 millones y que esperan sume 25.000 millones en 2027, al final de la legislatura.