Incentivos, sanciones y compostadores: los ejes normativos de la nueva ley en materia de residuos en Cartagena

CARTAGENA. Los ayuntamientos tienen que regular, entre otras medidas, sus actuales ordenanzas a la nueva ley en materia de residuos y, por otro lado, ésta ahora contempla la obligación de las entidades locales de aprobar sus ordenanzas a la adaptación de dicha ley. Hay, por tanto, que proceder a la adaptación y redacción de una nueva ordenanza municipal actualizada, puesto que la actual municipal de limpieza urbana ha quedado obsoleta, desde su redacción a finales de los ochenta, y ahora la nueva incluye los residuos de la construcción y demolición.

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado el expediente de elaboración y aprobación de ordenanza de limpieza viaria y gestión de los residuos. La misma sustituye a la que está vigente desde 1984 -desfasada, desactualizada y que o se adapta a la legislación actual, en la que se incluye la nueva ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados.

El Ayuntamiento de Cartagena aprobó, en virtud de sus competencias, una Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, mediante acuerdo de Pleno de 23 de febrero de 1984, la cual continua vigente al día de la fecha, si bien tiene escasa aplicabilidad por su falta de adaptación a la normativa sectorial vigente en materia de producción y gestión de residuos, y a las necesidades actuales del municipio en dichas materias; en especial la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. En la misma se establece que la regulación de las competencias de las Entidades Locales en materia de gestión de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo a través de ordenanzas locales que deberán ser aprobadas por estas, a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Por esta razón, se propone redactar una nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos que se ajuste a la normativa sectorial vigente en materia de residuos y que dé respuesta a los nuevos problemas y necesidades que han surgido con el paso de los años en dichas materias como consecuencia de los cambios sociales, económicos y urbanísticos que se han tenido lugar en el municipio.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medioambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo.

La aprobación de una nueva ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de residuos en Cartagena es necesaria por el hecho de que la actualmente existente no se encuentra adaptada a la normativa sectorial vigente en dichas materias, resultando a veces incluso contradictoria, por lo que su aplicabilidad es muy limitada. Además, tampoco se encuentra adaptada a la realidad actual, por lo que no permite abordar de una manera práctica y efectiva la mayor parte de los problemas de limpieza viaria y gestión de residuos existentes hoy en día en el municipio de Cartagena.

Principales novedades: el que más basura genera, más paga 

Entre las novedades, además se incluye una definición más concreta de responsabilidades de todos los actores involucrados, empezando por el Ayuntamiento, ciudadanos, empresas y gestores de residuos. Establecimiento de incentivos, sanciones y penalizaciones destinadas a impulsar la participación activa y efectiva de los ciudadanos y empresas en las estrategias de prevención y recogida selectiva de residuos previstas en la normativa sectorial estatal, así como la puesta en marcha de normas de instalación y uso de compostadores domésticos, compostadores comunitarios, compostadores de proximidad y otros equipos similares destinados al aprovechamiento de biorresiduos por parte de particulares, urbanizaciones, comunidades de vecinos, instituciones, empresas, etc.

 Además se añade un esquema en el que los que más residuos generan, paguen más, por lo que se incentiva el reciclaje y la reducción de residuos. Se ha de actualizar, además, el catálogo de sanciones para abordar problemas como el vertido incontrolado, los actos vandálicos o el abandono de residuos, al igual que es necesaria la regulación de la limpieza viaria en mercadillos, conciertos y otros actos multitudinarios, con una obligación específica para los organizadores. Por último, se indican normas para compostadores, residuos de construcción, restos vegetales, gestión de animales muertos, etc..

Se pretende, por tanto, actualizar una normativa que no afronta otras realidades sociales, económicas y urbanísticas, pero tampoco las nuevas leyes aprobadas. Además, una mala gestión de los residuos contribuye a la contaminación y la falta de claridad de las normas impide un buen cumplimiento por parte de ciudadanos y empresarios. Existe una falta de incentivos para la participación ciudadana, al igual que es necesario la adopción de mecanismos de vigilancia más efectivos para garantizar el cumplimiento de las normas.