Foto: Carlos Luján/ EPMADRID (EP). El Ministerio de Igualdad ha explicado este viernes que no corresponde al Gobierno "corregir" los "errores" de interpretación que, a su juicio, se están produciendo en la aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley 'solo sí es sí'. En este sentido, han llamado a la "calma" y a la "tranquilidad" y piden esperar a que pronuncien la Fiscalía General y el Tribunal Supremo.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha negado que, ante la revisión de penas a la baja que se han hecho a violadores en las últimas semanas, la solución sea la reforma de la norma para añadir una disposición transitoria que "no hace falta" porque "ya existe desde hace décadas" y que se aplica "en todo el territorio" nacional.
Según ha indicado, esta revisión de sentencias a la baja se están produciendo por la mala aplicación del nuevo delito único de agresión. De hecho, según Rosell, todavía no han visto "un caso en el que realemente se haya aplicado correctamente" porque se están mirando "solo los mínimos".
"Nosotra consideramos que hay errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión, sin una buena lectura de la ley y automatizada", ha insistido, en declaraciones a los medios, la delegada del Gobierno, antes de indicar que han estudiado casos en los que se ha bajado la pena alegando que se había "despenalizado" el cargo del delito en cuestión que no es así.
A su juicio, el solucionar esta "disparidad" de autos que están manejando los juzgados y los "errores de aplicación" de la norma no corresponden al Gobierno. "Esperemos a que los aclaren el Ministerio Fiscal y el Supremo", ha señalado.
En este sentido, también ha llamado a "dejar de hacer noticia" de las revisiones que los abogados van a solicitar en las próximas semanas porque, tal y como ha señalado, estos lo hacen "de parte", igual que "en su día pidieron la absolución y ahora sus clientes están condenados", y, por el contrario, cree que esta información puede "alarmar mucho a las mujeres".
Según ha indicado, las reformas del Código Penal tienen "siempre" un "periodo de adaptación que dura unas pocas semanas" y ha lamentado que, en este caso se esté viviendo esto "con alarmismo", principalmente en el ámbito "comunicativo y social". Rosell dice que comprende la inseguridad que muestran las mujeres y las preguntas que se hacen los medios "cuando las sentencias y autos son tan dispares", pero ha insistido en que "esto es más habitual de lo que parece".
En cuanto a las modificaciones en las penas, Rosell ha explicado que la única recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue sobre las penas máximas y que, de hecho, estas se elevaron antes de que la norma pasara por segunda vuelta del Consejo de Ministros. Sin embargo, según ha apuntado, nadie hizo alusión a las mínimas.
Aún así, desde Igualdad defidenen que el resultado de esta norma es "un cambio de paradigma" del Código Penal que, como ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, "necesitaba un enfoque diferente" en relación a los delitos de violencia sexual. Pero en el objetivo de esta iniciativa, según ha apuntado, no estaba el cambio de penas.
"Si las penas mínimas son altas, se quedan por el camino. Nadie impone penas altas", ha declarado Rosell, en referencia a situaciones como "tocamientos" de carácter sexual. Es por eso, según ha indicado, que en la Ley 'solo sí es sí' se incluyó un delito menor, con penas a partir de un año o multa, para estos comportamientos que "no eran condenados". "Una pena mayor no protege más, no repara más. Las penas que funcionan son las eficaces, las que se imponen", ha insistido Rosell.
Preguntada por si esta situación podría afectar a la tramitación de las leyes sobre proxenetismo y personas trans, que están en negociación en el Congreso, la delegada del Gobierno ha indicado que "como jurista" no quiere "ni planteárselo".
En este sentido, y sobre su relación con el PSOE ha señalado que, en la Ley 'solo sí es sí' es coproponente el Ministerio de Justicia y que se trata de una norma del Gobierno, no de Unidas Podemos. Según ha indicado, desde el presidente hasta todo el Ejecutivo están alienados con esta norma.
Finalmete, Rodríguez ha insistido en que esta ley busca una mayor protección de las víctimas y en que estas "puedan sentir que esta herramienta no es todo lo sorora que quisieran" debido a los debates que se están planteando. La secretaria de Estado ha señalado que serán el tiempo y los tribunales quienes "demuestren que así es".
